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Este es un espacio dedicado a la comunicación y el medio ambiente en Guatemala, procurando la búsqueda del desarrollo sostenible de las comunidades.




Educar en verde, base para cuidar la naturaleza y la biodiversidad



Educar en verde, garantía del futuro
Estudios prueban que estar al aire libre con animales y con plantas les hace mucho bien a los niños.

Cuidar la naturaleza no es solo trabajo de adultos. Hay que empezar por la educación de los niños.

Aunque cada vez más personas entienden la necesidad de preservar la biodiversidad, y lo manifiestan sumándose a ONG dedicadas al tema, reciclando, ahorrando energía y tratando de contaminar menos, es claro que el impacto será menor si a los niños se les educa en una cultura de protección y acercamiento a la naturaleza.
De eso está convencida la psicóloga Heike Freire, quien hace cuatro años decidió volcar toda su experiencia de trabajo con niños, padres y educadores en la escritura de libros divulgativos que buscan hacerles entender a los papás que el contacto de sus hijos con la naturaleza es fundamental para su salud y crecimiento.
Freire, pedagoga, licenciada en Psicología y Filosofía de la Universidad de París X, ha sido consultora del Gobierno francés desde el Instituto de Educación Permanente de París. Su última obra, Educar en verde, ideas para acercar a niños y niñas a la naturaleza, propone una serie de fórmulas para lograrlo, desde distintos escenarios.
Enfermedades ambientales infantiles
Los niños pasan hoy mucho tiempo encerrados en su casa, en carros y en centros comerciales, y la escuela suele darles apenas media hora de recreo en el patio o en zonas delimitadas, cuando las hay.
En todos esos escenarios, los papás, quienes tienen el deber de estimular en ellos el contacto con el medio ambiente y la naturaleza, suelen brillar por su ausencia.
Esta semana, por ejemplo, la revista Archives of Pediatric and Adolescent Medicine divulgó los resultados de un sondeo hecho por la Universidad de Washington con 9.000 padres de niños en edad preescolar, según los cuales apenas el 44 por ciento de las mamás y el 24 por ciento de los papás dicen dedicar un tiempo cada día para jugar con sus hijos al aire libre.
Otro estudio, publicado por Natural England en el 2009, afirma que menos del 10 por ciento de los niños del Reino Unido juega en espacios naturales, en comparación con un 40 por ciento de los adultos de ahora que lo hacían en su infancia.
Incluso, el 62 por ciento de los niños entrevistados manifiesta que su casa es el lugar preferido de juego y menos de la cuarta parte de quienes afirman vivir cerca de un parque visita este lugar al menos dos veces por semana.
Quizá por eso, dice Freire, hay una incidencia cada vez mayor de enfermedades infantiles relacionadas con la inactividad, como la obesidad, el asma, los problemas de piel, la hiperactividad, los trastornos de conducta y la falta de atención e inteligencia espacial.
Según el psiquiatra de niños y adolescentes Álvaro Franco, en zonas urbanas y en estratos altos, particularmente, la obesidad es una de las consecuencias de este cambio en la relación de los menores con la naturaleza. Para Freire, este conjunto de problemas "se debe a la falta de contacto con la naturaleza. Estudios de psicólogos ambientales y pediatras prueban que estar al aire libre con animales y con plantas les hace mucho bien a los niños, los libera del estrés, los relaja y les ayuda a desarrollar capacidades a todo nivel".
Hasta ahora, sostiene, la educación medioambiental ha estado a la deriva y la mayoría de los niños que se acercan a este tema lo hacen sentados frente a un computador; eso los ha ido convirtiendo en analfabetas en la materia.
Freire admite, sin embargo, que en América Latina hay cada vez más centros educativos que se preocupan por acercar a los niños al conocimiento de la biodiversidad y por desarrollar respeto por ella. "Hoy en día -sostiene la psicóloga- se hace educación medioambiental o no se hace educación... Lo que realmente necesitamos es asegurar la supervivencia de nuestra especie en el planeta, y, para lograrlo, tenemos que aprender a vivir de una manera sostenible".
'La naturaleza necesita a los niños'
Los niños aprenden, básicamente, relacionándose de forma concreta, razón por la cual no es lo mismo que vean la imagen de una oveja a que tengan la experiencia de estar en presencia de una, de tocarla, de saber a qué huele.
"En los colegios debe haber huertas que les permitan a los niños ver el ciclo natural de la vida, es decir, sembrar, germinar y cosechar. También, organizar paseos ecológicos donde conozcan una vaca o un caballo, pues hoy los conocen más virtualmente que naturalmente", afirma la psicóloga colombiana Irene Rodríguez.
En el país, agrega la experta, en los planteles educativos debe haber al menos un metro cuadrado de espacio verde por estudiante y lugares reservados para seres vivos que los niños puedan cuidar, como mascotas. Y desde 1994, los proyectos educativos ambientales (Prae) deben formar parte del currículo.
No obstante, muchas veces se han quedado en documentos que no se aplican en la práctica. En la actualidad, según cifras de Colciencias, existen 37 grupos de investigación en colegios oficiales del país dedicados, particularmente, a indagar sobre temas relacionados con el medio ambiente.
Los resultados de sus indagaciones los usan para ayudar a sus comunidades. Dicho todo esto, queda sobre el tapete un problema fundamental para padres y maestros: ¿cómo integrar mejor la educación ambiental en un entorno como el de las ciudades, en las que se vive rodeado de edificios y con parques de cemento? (Lea acá: El cacao vuelve a la Amazonía para preservar una parte de la selva)Ya no es raro ver comunidades de vecinos que se ponen de acuerdo, por ejemplo, para rehabilitar o instalar zonas verdes, así sean pequeñas, que les permitan tener un mínimo contacto con la naturaleza.
"Se trata de favorecer esa relación con la naturaleza que se tiene alrededor, desde una planta pequeña hasta una hormiga", dice Freire.
Pero ¿cómo despegar a un niño de la pantalla del televisor o del computador para que se interese por observar una hormiga?
La especialista recomienda ponerles límites a los niños frente al uso de la tecnología: "Al principio se aburrirán, pero hay que dejarlos, pues el aburrimiento, como decía un poeta español, es 'la perla de la ostra'. Puede ser muy productivo en muchos niveles, como el de la creatividad".
Despierto el interés, hay que estimular en ellos la conquista de espacios más abiertos y, por supuesto, de aquellos en los que haya verde, naturaleza.
Se les puede incitar, por ejemplo, a leer bajo un árbol, a visitar los parques de la ciudad, a explorar la naturaleza coleccionando rocas u hojas o a sembrar una planta y hacer una bitácora sobre su crecimiento.
La educación de los más pequeños es un pilar fundamental para cultivar la conciencia ambiental. Los niños son los responsables del planeta del día de mañana. (Lea también: Crean sitio web que informa sobre cambio climático y sus consecuencias)
'Hay que dejar que se ensucien'
Para Freire, "permitirles que se manchen, que se suban a los árboles, sería como darle la vuelta a la educación, que tenía como objetivo sacar a los niños del salvajismo. A lo mejor, esto era bueno hace 40 o 50 años, pero ahora es todo lo contrario. La educación para los niños de las ciudades tiene que ofrecerles un poco de salvajismo; hoy están hipercivilizados y han perdido su vitalidad".

EFE REPORTAJES

De vuelta a Río

COMPROMETIDOS CON EL PLANETA

Cumbre 2.0, por Rémi Parmentier

Autor: Rémi Parmentier
¿Ha perdido el Secretariado de la ONU la fe en la capacidad de sus 193 Estados miembros de negociar y acordar un documento coherente para la Conferencia Rio+20 sobre Desarrollo Sostenible que tendrá lugar en dos meses y medio en Río de Janeiro?
March 2012 002
Acabo de pasar un par de semanas en Nueva York en lo que se llama en la jerga de la ONU unos Informales-informales. El objetivo de estas consultas es poder presentar a los Jefes de Estado y de Gobierno en Río un proyecto de declaración que a la vez tenga sentido y sea concisa. Hemos empezado en enero con un “borrador cero” original de 19 páginas, y después de los Informales, esta semana todo el mundo ha vuelto a casa con un proyecto de…206 páginas. Al final de los Informales, los dos copresidentes del Comité Preparatorio han dicho que para el 16 de abril tratarían de mejorar el texto dónde encuentren posibles puntos de acuerdo, pero es poco probable que al hacerlo consigan disminuir el tamaño (es posible incluso que se incremente).
Otra sesión de Informales-informales tendrá lugar en Nueva York del 23 de abril al 4 de mayo. Mientras tanto consultas aun más informales tienen lugar entre y dentro de los diferentes grupos políticos (inclusive el potente pero muy diverso Grupo-de-los-77-más-China). Sin embargo, dada la dificultad para llegar a un documento de consenso manejable, no es sorprendente que el Secretariado de la ONU y el Gobierno de Brasil, respectivamente organizador y huésped de la conferencia, estén poniendo de manera creciente sus esperanzas en otras iniciativas que puedan salvar la cumbre:
Nueve Diálogos sobre Sostenibilidad: El Gobierno brasileño dice que quiere que los nueve diálogos temáticos sobre sostenibilidad con la sociedad civil programados en Río del 16 al 18 de junio sean parte oficial de la conferencia. La ONU y Brasil dicen que se va a pedir a los ocho ponentes (científicos, economistas, sector privado, ONGs, etc.) seleccionados para cada uno de estos eventos que concluyan con tres recomendaciones que pasarán a las cuatro Mesas Redondas de Jefes de Estado y de Gobierno que constituirán el plato fuerte de la cumbre los días 20 y 21 de junio. La ONU dice que pronto van a lanzar un foro on-line dónde cualquier ciudadano podrá mandar sus propias ideas para consideración del moderador del Dialogo correspondiente.
Objetivos del Desarrollo Sostenible: Los responsables de la ONU creen que Rio+20 puede ser una oportunidad para que la comunidad internacional acepte que se adopten unos Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), para suceder o complementar a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que han ayudado a la comunidad internacional a enfocar sus esfuerzos en las áreas de la erradicación de la pobreza y el hambre, el acceso a la educación, igualdad de genero, sanidad infantil y maternal, prevención de HIV-SIDA, sostenibilidad ambiental, y desarrollo. Rio+20 no seria el lugar dónde negociar los detalles de estos ODS, pero se espera que los Jefes de Estado y de Gobierno den a la ONU un mandato para desarrollarlos entre 2013 y 2015. La idea de los ODS nació en el informe del Panel de Alto Nivel sobre Sostenibilidad Global del Secretario General de la ONU publicado en el mes de Enero. Los Gobiernos de Colombia y Guatemala desarrolla una campaña activa en pro de los ODS.
Compendio de compromisos: La ONU está proponiendo también que todas las organizaciones y grupos participando en eventos de la Cumbre de Rio+20 hagan constar sus compromisos voluntarios en un registro o compendio. El valor añadido de este registro no está claro de momento, a menos que sirva de mecanismo para combatir el greenwashing (lavado de cara sin efectos medibles al cual nos han acostumbrado demasiadas empresas) y asegurar la transparencia y rendición de cuentas de los partenariados publico-privado.
Supongo que estas y otras iniciativas pueden ayudar a salvar la cumbre. Habrá que ver si también ayudan a salvar el Planeta.
Rémi Parmentier

Red de Comunicadores Ambientales de Guatemala
-REDCAGUA-

BOLETÍN DE PRENSA
Guatemala, 17 de marzo de 2012.
El Cambio Climático, según el numeral 2) del artículo 1 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (1992), “se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables”.La Diversidad Biológica, según el Convenio de las Naciones Unidad sobre Diversidad Biológica, debe entenderse como “la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente; incluidos, entre otras cosas los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas”. Desarrollo Sostenible (Comisión Brundtland, 1987), puede ser definido como "un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades".
Hace aproximadamente 20 años, en Río de Janeiro, Brasil, se celebró la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y se abordó lo relativo al Desarrollo Sostenible. En ese momento, el Programa 21 estableció dos objetivos principales: repensar el crecimiento económico y promover la equidad social y garantizar la protección ambiental. ¿Qué avances se han tenido en el mundo?, ¿qué avances específicos hay en Guatemala?, seguramente los hay.Ahora, se dice que “Río+20 será la convención mundial sobre el desarrollo sostenible más importante de nuestro tiempo y que reunirá nuevamente a gobiernos, instituciones internacionales y principales grupos para acordar una serie de medidas audaces encaminadas a reducir la pobreza y promover el empleo digno, la energía no contaminante y un uso sostenible y adecuado de los recursos”; la finalidad es “hacer frente a la destrucción del medio ambiente y construir un puente hacia el porvenir”. Pero, ¿esto tendrá efecto sustancial?. Dentro de estos 20 años los países en desarrollo se han visto más perjudicados con el cambio climático, siendo los que menos han contaminado el ambiente en comparación con los países desarrollados y nadie ha respondido por ellos; y, a lo interno de cada país, las políticas económicas siguen afectando a los más vulnerables.
Con miras hacia Río+20, el Secretario General de la ONU, señor Ban Ki-moon, ha expresado: “economía verde sostenible que proteja la salud de todo el medio ambiente y que simultáneamente apoye la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio mediante el crecimiento del ingreso, el trabajo digno y la erradicación de la pobreza”. Asimismo, el Secretario General de la Conferencia Río+20, señor Sha Zukang, ha expresado que “¡el desarrollo sostenible no es una opción!, es el único camino que permite a la humanidad compartir una vida digna en este nuestro único planeta. Río+20 brinda a nuestra generación la oportunidad de recorrer ese camino”. Ambas expresiones son idealistas, pero por muy optimistas que seamos no podemos dejar de pensar en la forma en la que se nos quiere conducir; ni las metas del milenio y el protocolo de Kyoto han tenido los resultados esperados; entonces, es necesario pensar acerca de cuál es el planeta que queremos los ciudadanos del mundo. ¿Cuál será entonces la postura de país ante las negociaciones?, ¿tenemos capacidad de negociar?, ya lo daba a entender un periódico ambiental guatemalteco, las delegaciones del mundo habían llevado alrededor de ciento cincuenta personas cada una: a Durban, Sudáfrica (en noviembre-diciembre 2011),y Guatemala únicamente con 16 delegados. Es cuestión de conciencia ambiental y voluntad política. De acuerdo al periodista uruguayo, Víctor L. Bacchetta, “las últimas negociaciones sobre cambio climático no consiguen llegar a acuerdos suficientes de reducción de los gases de efecto invernadero, ni fondos para los países más afectados, ni respeto a las responsabilidades comunes pero diferenciadas entre aquellos que provocaron el caos climático y los que lo padecen. En cambio, las decisiones tomadas sobre agricultura, bosques y mercados de carbono agravarán aún más los impactos sobre la mayoría”. Asimismo, indica que, “desde mediados de la década de 1990, América Latina registra un boom de inversiones dirigidas a la extracción y exportación de sus riquezas naturales donde, además de la explotación secular de los minerales, se agregan ahora la tierra y el agua por medio de plantaciones a gran escala con vistas a la producción de soja para alimento del ganado, de eucaliptos y pinos para celulosa y papel, así como maíz, caña de azúcar y palma para combustibles, etc.”.
¿Deberá el mundo adoptar políticas ecológicas más ambiciosas?, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE- sí y habría que ver de cara al año 2050 lo que significarían las tendencias demográficas y económicas para el medio ambiente. La OCDE, mediante un análisis en forma conjunta con la Agencia de los Países Bajos para la Evaluación Medioambiental ofrece a sus gobiernos apoyar el desarrollo de políticas sobre diversidad biológica que sean económicamente eficientes, ambientalmente efectivas y equitativamente distributivas. El análisis se centra en la valoración económica de los servicios de la biodiversidad y el ecosistema, el uso sostenible de la biodiversidad y los servicios asociados y se compatibiliza este trabajo con la Convención de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica. Su perspectiva se centra en cuatro áreas: los impactos del cambio climático, biodiversidad, agua dulce y la salud.
En Guatemala se habla ya de un modelo de Responsabilidad Ambiental Empresarial, el cual sienta las“bases de una corriente de pensamiento neo ambiental, impulsada por el empresariado guatemalteco”; se dice que, este pretende “privilegiar el tratamiento de políticas ambientales dentro de las organizaciones del sector privado”.Este es un primer paso para ir generando gobernanza ambiental, desde el punto de vista empresarial; pero, ¿cuál es el papel del Estado y de la Sociedad Civil Organizada y no organizada dentro de esa gobernanza?. Debe pensarse, en muchos temas, como por ejemplo la importancia que tienen las áreas protegidas en la adaptación al cambio climático y el desarrollo sostenible. Debemos establecer una visión de país y hacer efectiva las políticas públicas ambientales existentes, pero será una tarea de todas y todos.
En Guatemala se arrastra una historia que refleja el subdesarrollo y el desarrollo solo para algunos sectores privilegiados. En los últimos años el impacto de los temas de minería, la siembra de productos no agrícolas como la palma africana y la caña de azúcar, y la tierra como uno ancestral, entre otros se han hecho sentir. Pero, ¿será que todo representa un problema?, todo depende de la óptica con la cual se quiera ver la situación del país. La pobreza y pobreza extrema, el desempleo y subempleo, la salud, la educación y el desarrollo rural, son solo algunos otros problemas fundamentales que deberían repensarse. Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida –ENCOVI- 2011, la pobreza total para Guatemala es de 53.51%, en donde índice de pobreza era de 13.33%, mientras que el índice de pobreza extrema es de 40.30%. Por otro lado, mundialmente, según la OIT, este año el número de desempleados llega a 200 millones, siendo los jóvenes los más afectados. En el caso Guatemalteco, a diciembre de 2011, según el Instituto Nacional de Estadística –INE-, la tasa de desempleo era de 4.1% respecto a la población económicamente activa –PEA-.
En el 2010, Guatemala fue declarada uno de los 19 países megadiversos del mundo,sin embargo, se encuentra en el tercer puesto de los países más vulnerables al cambio climático.
Los temas del debate se centran en el cambio climático y desarrollo sostenible; se necesita generar una nueva conciencia, una nueva cultura ambiental y por lo tanto una nueva educación. Debemos ser capaces de resolver los problemas internos, debemos crear una gobernanza ambiental y hacer frente al cambio climático.
Se debe ser responsable y razonable a la hora de la toma de decisiones. Ante este escenario, se considera que el rol de los medios de comunicación debe ser más significativo, más responsable, más investigativo y debe aprovechar las nuevas herramientas y la tecnología que contribuyan a la generación de una comunicación, una comunicación vista como eje transversal no solo de las ciencias sino que del desarrollo sostenible.

 



Columna publicada en el diario EL PAIS de Montevideo el 28/3/2012
 Hernán Sorhuet Gelós
INFORMACIÓN, ¿UN TEMA OLVIDADO?

A menos de tres meses de la realización de la Conferencia de Naciones Unidas
sobre el Desarrollo Sustentable –más conocida por Cumbre RIO+20- resulta muy
preocupante, que ni siquiera se mencione, uno de los temas seguramente
clave, para impulsar la transformación de la sociedad hacia la
sostenibilidad. Nos referimos a la disponibilidad de la información que la
gente necesita para vivir mejor.

Hace dos décadas, en la famosa Cumbre de RIO’92, los países sacudieron
la modorra de fines del siglo XX, expresando la necesidad y el compromiso de
modificar el modelo de desarrollo (y con ello la forma de producir,
consumir, utilizar los recursos y la energía, etc.) para revertir la crisis
ambiental, combatir la pobreza y la desigualdad, proteger la biodiversidad,
elevar la salud de la población -y tantas otras grandes necesidades de la
humanidad. Se aprobaron estos hermosos objetivos en un voluminoso documento
diseñado para ayudar a los gobiernos nacionales y locales a pasar a la
acción, denominado Agenda 21.

El capítulo 40 se refiere a la importancia de la información para la
adopción de decisiones acertadas. Subraya que en el desarrollo sostenible,
cada persona es a la vez usuario y portador de información, considerada en
su sentido amplio, que incluye datos, conclusiones y el conjunto adecuado de
experiencias y conocimientos.

El gran reto es velar por que las decisiones que se tomen en todos los
órdenes, se basen cada vez más en información fidedigna. Para ello, el
documento especifica que deben aplicarse dos esferas del programa: 1)
Reducción de las diferencias en materia de datos; o sea, acortar
dramáticamente la brecha existente entre los países en materia de
disponibilidad de datos y el acceso a ellos. 2) Mejorar el acceso a la
información. Se refiere a encontrar la información adecuada en el momento
preciso y cuando se necesita para solucionar problemas.

Este gran objetivo involucra tanto a los gobiernos, organizaciones,
empresas, grupos civiles, como a los propios individuos. Es que el rediseño
de una sociedad humana sustentable involucra a todos, sin excepciones ni
exclusiones. Por lo tanto, sin una mejora sustantiva de la educación y del
acceso a la información de valor, todos los esfuerzos que se realicen
(económicos, políticos, etc.) serán insuficientes y aumentarán la
frustración social.
 Uno de los actores principales en la difusión y democratización de la
información son los medios de comunicación, porque actúan como una ventana
abierta hacia la comunidad, por la cual fluyen datos, contenidos, análisis,
etc. vinculados al quehacer local e internacional.
 Pero, al igual que en tantas otros sectores de la sociedad, necesitamos
un impulso significativo de la información ambiental, que no es otra que
aquella que nos ayuda a comprender la realidad en su contexto más amplio.
Nos referimos a qué si la información periodística se circunscribe
exclusivamente a la visión política, económica, sanitaria o productiva
-según los estándares tradicionales del siglo XX- correría el riesgo de no
considerar datos o enfoques que pueden resultar importantes para los
destinatarios de la información.
Como se plantea en la Agenda 21, necesitamos un cambio de conducción
política estratégico, que impulse la integración de la información sobre el
medio ambiente y sobre el desarrollo en todos los ámbitos posibles de la
sociedad.



Día Mundial del Agua (clic para ingresar a la página oficial)
El agua y la seguridad alimentaria (clic para ver vídeo)
El agua y el consumo diario (click para ver vídeo)
MONTAÑA LAS GRANADILLAS
Un recurso de vida para la zona más árida de Centroamérica (clic para ver vídeo) próxima a ser declarada Reserva Protectora de Manantiales por el Conap.



Invitación al
I Congreso Nacional de Conocimientos Tradicionales Colectivos y Diversidad Biológica,
28 al 30 de marzo de 2012, de 8:00 a 17:00 hrs, en el Club Guatemala.
Información: congresocti@gmail.com




ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO:
 GENTE Y ECOSISTEMAS
Vídeo producido por Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza -UICN-


Definen en Brasil agenda de cumbre paralela a Río+20
http://www.prensa-latina.cu
Escrito por Alejandro Gómez
Cumbre de los Pueblos
20 de marzo de 2012, 06:26Brasilia, 20 mar (PL)

Unos 60 representantes de 20 países definen hoy en Brasil los principales temas que abordará la Cumbre de los Pueblos, a efectuarse de manera paralela a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, Río+20, en junio venidero.

Reunidos desde el domingo en un Seminario Internacional, los delegados ya decidieron algunos asuntos que estarán en la agenda de la Cumbre de los Pueblos, a desarrollarse del 15 al 23 de junio venidero, en Río de Janeiro, que también acogerá la Río+20 del 13 al 22 del mismo mes.

Derechos humanos, la soberanía alimentaria y la producción de alimentos son los aspectos que debatirán los asistentes a la cita de los pueblos, adelantó en conferencia de prensa en Río de Janeiro Graciela Rodrigues, integrante del Comité Facilitador del encuentro Graciela Rodrigues.

"Queremos discutir las soluciones que los pueblos tiene para vivir de forma armónica con la naturaleza y entre las propias poblaciones", indicó y agregó que "queremos pensar en las cuestiones que consiguen la sostenibilidad de la vida en el planeta".

De acuerdo con la Agencia Brasil, Rodrigues alertó que la población mundial en su conjunto esta amenazada por un capital sin control o límite, que está contaminando y colocando en las espaldas de los trabajadores la perspectiva de lucro sin medida.

"Ese modelo productivo, que llaman de desarrollo, no nos sirve. Queremos otras formas más vinculadas con el respeto a la naturaleza y a los seres humanos, un modelo que no envenene la tierra y que no de falsas soluciones", sostuvo y subrayó que la concentración de la riqueza es contraria a una vida digna en el mundo.

Por ello, destacó, la Cumbre de los Pueblos quiere mostrar soluciones que son aplicadas por las poblaciones, como la economía solidaria, la agricultura familiar, las cooperativas y las pequeñas empresas, que son acciones generadoras de empleos, de bienestar y no de lucro ni concentración de la riqueza.

Tras apuntar que el capitalismo procura su revitalización a costa de la población más pobre, de los trabajadores y de los derechos adquiridos, Rodrigues denunció que la llamada economía verde es solo un maquillaje del sistema capitalista, que nada mas beneficiará a las multinacionales.

Aseguró que la gobernanza global actualmente esta concentrada en pocos países que, según la integrante del Comité Facilitador de la cita de los pueblos, "no tienen legitimidad para gobernar el mundo, porque no tienen el conjunto de las opiniones".

Por lo tanto, aseveró, la Cumbre de los Pueblos mostrará el rechazo de la sociedad civil mundial al actual modelo de desarrollo y debatirá las causas estructurales de la actual crisis financiera internacional y de modelo de civilización.

lac/ale

                 

Foro Mundial del Agua abrió reunión con alertas sobre intensa presión sobre el agua dulce


10:35 a.m.13/03/2012
Marsella (AFP). El sexto Foro Mundial del Agua fue inaugurado ayer en Marsella, sur de Francia, ante miles de delegados que discutirán cómo encontrar soluciones para garantizar el acceso al agua dulce en condiciones sanitarias decentes para todo el mundo.

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Bajo el lema “Es hora de soluciones”, el foro reúne durante seis días a jefes de Estado, ministros, representantes de empresas y sociedad civil de 140 países. Su inauguración estuvo a cargo del primer ministro francés François Fillon.
Las autoridades palestinas presentes en el foro hicieron un llamado a hacer donaciones para construir una fábrica de desalinización en la franja de Gaza, confrontada a una “grave crisis del agua”.
Esta reunión, que se celebra cada tres años, se abrió con llamados de advertencia de las Naciones Unidas de que el cambio climático y el crecimiento demográfico han provocado un aumento de la presión sobre el agua, lo que obliga a estudiar cómo satisfacer esa galopante demanda del líquido.
Declarando que “los desafíos son inmensos y las cifras son tenaces”, el jefe de Gobierno francés recordó “el número de seres humanos que no tienen acceso a agua potable se cifran en cientos de millones”.

Y “los muertos que se deploran cada año a causa de los riesgos sanitarios se cuentan por millones”, agregó Fillon. “Esa situación es inaceptable”, declaró el primer ministro, quien es también titular del ministerio de Ecología de Francia.

A diferencia de los foros precedentes, el de Marsella promete “soluciones concretas” para garantizar una distribución equitativa del agua, cuyo derecho fue reconocido por Naciones Unidas en el 2010.
La reunión deberá concluir con propuestas sobre cómo aliviar la creciente presión sobre este valioso recurso y cómo repartir mejor el agua potable, al que aún no tiene acceso 800 millones de personas en el mundo.

Entre los líderes mundiales que participarán en la reunión en Marsella figuran Mohamed VI de Marruecos, el chadiano Idriss Deby y el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, así como 60 ministros.

Además de líderes gubernamentales, jefes de empresa, asociaciones y organizaciones no gubernamentales discutirán el tema del agua, esperando llamar la atención internacional sobre la urgencia de gestionar mejor los recursos hídricos.

En Marsella se celebra además un foro alternativo, que reunirá a cientos de organizaciones no gubernamentales. Unos 2.000 representantes de la sociedad civil, provenientes de América Latina, España, Alemania, Europa, Africa y Estados Unidos participarán en este foro que se abre el miércoles.

Esas organizaciones, que reúnen a militantes y activistas ecologistas, acusan al Consejo del Agua -el organizador del foro en Marsella, de ser “portavoz de las empresas multinacionales y del Banco Mundial”, y reclaman una gestión pública, ecológica y ciudadana del agua y una distribución justa.
Como telón de fondo de estas dos reuniones está el alarmante estudio de la ONU presentado el lunes, que subraya que el cambio climático, con su secuela de sequías e inundaciones, está agravando la presión sobre el agua, al derretir los glaciares y provocar cambios en los patrones de lluvia, lo que impacta seriamente en las fuentes de agua.

En Latinoamérica, la región en desarrollo más urbanizada del mundo, con más de 80% de la población que vive en pueblos y ciudades, la presión sobre el agua está creciendo, a causa del crecimiento demográfico y económico, y también por el tipo de modelo de desarrollo, indica el documento.

Urbanización excesiva, mundialización y cambio climático: esos son los nuevos desafíos para la gestión del agua en América Latina y el Caribe, resume el documento.
En Marsella surgirá además un tema que provoca siempre desacuerdo en estas reuniones: la cuestión de la repartición del agua.

Ese tema que concierne la soberanía de los Estados -un 15% de los países dependen en un 50% de agua venida del exterior- es difícil para muchos Estados, y el foro llamará a hacer avanzar los mecanismos de gestión colectiva del agua.
Asimismo Francia anunció ayer el financiamiento de proyectos en Africa por 40 millones de euros con el Banco Africano de Desarrollo (BAD) y desbloqueó 800.000 euros para salvar el lago Chad, esto al margen del foro.

Foro Mundial del Agua acuerda una declaración a la que se opone Bolivia

  

09:31 a.m.14/03/2012
Marsella (AFP). Ministros de 80 países adoptaron ayer en el Foro Mundial del Agua, que se realiza en Marsella (Francia), una declaración para “acelerar el acceso al saneamiento y el agua potable”; acuerdo al que se opone Bolivia por considerarlo centrado en la “privatización”.

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En un mundo en el que 80 millones de personas están privadas de saneamiento y de agua potable, los titulares del Medio Ambiente presentes en el foro aprobaron “por aclamación” un texto, en señal de sus “esfuerzos por superar la crisis del agua”.
En la declaración se comprometen a “acelerar el acceso al agua potable y el saneamiento por todos los medios apropiados”.

Pero, en declaraciones a la AFP poco después de la adopción del documento, el ministro boliviano del Medio Ambiente, Felipe Quispe Quenta, expresó su rechazo: “No acompañamos esa declaración porque creemos que estimula la privatización de los servicios de agua”.
Bolivia considera “obligación del Estado garantizar y gestionar el derecho al agua”, añadió.
El titular del Medio Ambiente boliviano expresó su descontento al considerar que el foro habla sobre todo de inversiones privadas. Pero, “el agua no es una mercancía y para garantizar su acceso se requieren más inversiones públicas, no privatizar los servicios”, afirmó el ministro boliviano.

“En Bolivia fracasó la privatización del agua porque el agua es un derecho humano universal, como proclamó Naciones Unidas en el 2010”, afirmó. “Y en Marsella, nuestros planteamientos no han sido oídos”, se quejó Quispe Quenta.

El VI Foro Mundial del Agua reúne durante seis días a responsables gubernamentales, empresarios, asociaciones y organizaciones no gubernamentales en torno al tema de los recursos hídricos, amenazados por el crecimiento de la población y el cambio climático.
Pero la sociedad civil ha brillado por su ausencia en este foro que promete hallar “soluciones concretas” para impulsar una mejor repartición y gestión del agua dulce, cuya demanda se ha disparado en el mundo a causa del crecimiento de la población y de las sequías e inundaciones causadas por el cambio climático.

Una de las razones de la ausencia de representantes de la sociedad civil es el precio de la entrada que “cuesta 600 euros”, dijo a la AFP Jaume Delclos, portavoz de la organización Ingenierías sin Fronteras y de Ecologistas en Acción.

“Esa es una primera barrera para celebrar un verdadero debate mundial sobre el agua, donde todos los puntos de vista estén presentes”, subrayó Delclos.
Los militantes y activistas se reunirán por ello a partir de hoy en un Foro Alternativo del Agua, en el centro de Marsella.

“Lo que nosotros creemos es que el acceso al agua no puede depender de la capacidad de pago. Porque sin agua nos morimos”.

“El agua es un derecho humano universal, como afirma la ONU. Y aunque hay unos costos relacionados con el acceso domiciliar al agua, no se puede aceptar que la implementación del acceso al agua esté en manos privadas”, insistió Delclos.

El activista recordó que el foro está organizado por el Consejo Mundial del Agua, presidido por Loic Fauchon quien es el presidente de Suez Environment, “la transnacional más grande del mundo en términos de agua”.

“Lo que hace el foro es más bien promover la privatización de los servicios de agua y saneamiento, en vez de sacar el agua de la lógica del mercado, como queremos la sociedad civil”, aseguró.

// Por Donis Figueroa//

En el marco del Día Mundial del Agua a conmemorarse el 22 de marzo, diversas organizaciones que velan por este recurso hídrico realizarán actividades con el propósito de promover el uso adecuado y el acceso del vital líquido.
En el mundo 1 mil 200 millones de personas no tienen acceso a la distribución de agua segura y 2 mil 600 a saneamiento básico, esto quiere decir que cada nueve segundo una persona muere en el mundo debido a la mala calidad del líquido o escasez .
Jeannette de Noak, directora de la Asociación Mundial del Agua, con sede en Guatemala dio a conocer que para la conmemoración de este 2012 se ha designado el tema “Agua y Seguridad Alimentaria”, una de las preocupaciones en el país.
Dentro de las actividades previstas están foros de discusión con la sociedad civil, seminarios sobre derechos de los consumidores con varias instituciones, caminatas y un Congreso Regional de Cuencas que se llevará a cabo del 28 al 30 de marzo en San Marcos.
En Guatemala más de 3 millones de personas no tienen acceso a agua potable y el número de casos de personas sin acceso a saneamiento sobrepasa los seis millones, según un estudio citado por Carlos Fernández, experto hidrólogo.
En 2003, mas de 700 millones de personas no tenían acceso a la alimentación segura en el mundo, para el 2011 la cifra ascendió a 1 mil 20 millones de habitantes, “cada día hay menos acceso a la alimentación, sin embargo hay más producción de alimentos que hace 20 años”, asegura Fernández.
El experto añade que del 100% del agua en el mundo, el 75 por ciento es utilizado para riego de productos agrícolas, el 9% para consumo humano, el 7% para la industria y el resto para transporte.
Recomendaciones para Guatemala
Fernández, hizo una serie de recomendaciones para que el país tenga los mecanismos que aseguren el funcionamiento de la gestión del agua de manera apropiada, entre ellas, la creación de un ministerio del agua, que vele por que se respeten los derechos de los consumidores y se implementen acciones para el saneamiento.
Una nueva ley de recursos hídricos que incorpore el derecho humano al agua, donde participe la sociedad civil en la toma de decisiones y la formación de especialistas en temas de agua.
Por último que se creen los mecanismos para que se dispongan de los suficientes recursos financieros, a corto, mediano y largo plazo para la implementación de proyectos, y disponer de información confiable para la generación de estrategias, concluyó el experto.



Latinoamérica busca nuevo paradigma para el desarrollo, de cara a Río+20

Quito, 2 feb (EFE).- Ministros de América Latina y El Caribe buscan desde hoy estructurar una agenda soberana en temas ambientales basada en un nuevo paradigma en el que ambiente y desarrollo avancen en armonía, una postura con la que quieren llegar a la Conferencia de la ONU sobre Desarrollo Sostenible Río+20.


QUI03. QUITO (ECUADOR), 01/02/2012.- La ministra ecuatoriana de Medio Ambiente, Marcela Aguinaga (c-i), el canciller, Ricardo Patiño (c-d), la titular de Patrimonio, Fernanda Espinosa (d), y el director ejecutivo del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Achim Steiner (i), participan hoy, jueves 2 de febrero de 2012, en la inaguración del XVIII Foro de Ministros y Ministras de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, en Quito (Ecuador). EFE/JOSÉ JACOME
Conscientes de que en su mayoría comparten los mismos problemas ambientales, la región busca acuerdos, tender puentes, y aunque han encontrado "diferentes visiones de un mismo problema", la ministra ecuatoriana de Ambiente, Marcela Aguiñaga, apuntó que todo es subsanable "para llegar como un solo puño" a Río+20.
Con ese fin se reunieron ministros y viceministros de la región en el XVIII Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y El Caribe, que durará hasta mañana en Quito.
Aguiñaga destacó la importancia de tener un nuevo paradigma para el desarrollo "que considere la naturaleza como parte integral del mismo y considerar también las culturas ancestrales como fuente de conocimiento".
Es indispensable "un desarrollo sostenible que inserte la variable ambiental en la economía", dijo, al dar la bienvenida a sus colegas de la región que se unieron desde hoy a los debates que expertos comenzaron el pasado martes.
Achim Steiner, director ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), indicó que el "reto y la oportunidad" que ofrece Río+20, cita que tendrá lugar en junio en Río de Janeiro, es determinar "cómo hacer crecer a la economía, sacar a la gente de la pobreza sin extender la huella ecológica del hombre".
"Entendemos que el valor de la naturaleza debe ser reconocido por sus dimensiones espirituales y culturales, además de sus beneficios sociales. Todos apoyamos el objetivo del desarrollo en armonía con la naturaleza", dijo al recordar también su valor económico.
Abogó por la existencia de instituciones fuertes para afrontar y corregir las fallas del mercado y destacó la oportunidad actual de diseñar un modelo nuevo que destaque el valor de la naturaleza, con la salvedad de que "no hay un modelo único para todas las tallas".
Para la ministra ecuatoriana de Patrimonio, María Fernanda Espinosa, la reunión en Quito permite un "debate profundo" para la construcción de una agenda propia "por la soberanía y la vida".
Por su parte, el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, destacó que la cita de ministros de hoy es la primera después de la instauración de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y apuntó que la coordinación regional "es fundamental para afrontar un mundo globalizado".
"Solamente unidos lograremos la inserción soberana de nuestros países en la economía y política mundial", apuntó el canciller, para quien "nunca antes existió tanta riqueza al lado de tanto peligro, tanto riesgo, tanta miseria y tantas guerras".
Consideró indispensable trabajar juntos "en la construcción de un nuevo modelo de desarrollo en armonía con el medio ambiente" y pidió agilidad en los debates para lograr acciones concretas.
"Los latinoamericanos y caribeños no podemos seguir perdiendo el tiempo y tampoco limitarnos a determinados convencionalismos y a prudencias irresponsables por el tratamiento diplomático de las cosas. Tenemos que patear el tablero si hay que hacerlo, si no, lo que hemos hecho con el medio ambiente nos va a patear como ciudadanos del mundo", dijo.
Exigió mayores compromisos de los países desarrollados en aspectos, por ejemplo, relacionados con la financiación para responder al cambio climático en la región.
El ministro de Ambiente de Perú, Manuel Pulgar, indicó que si se parte del hecho de que el actual modelo de desarrollo "ha entrado en un proceso severo de crisis" se debe evaluar a dónde se quiere ir en el futuro, algo en lo que la variable ambiental debe ser tema central.
Para el ministro de Ambiente de República Dominicana, Ernesto Reyna, aunque existen algunas divergencias sobre modelos de desarrollo en la región, hay la "esperanza" de ir a Río con un planteamiento común y "decirle al mundo que América Latina y El Caribe necesitan la sostenibilidad ambiental para seguir su desarrollo". EFE

Panamá: acuerdan prohibir minería

EFE
Siglo 21 Guatemala

El Gobierno de Panamá y los Ngöbe Buglé alcanzaron un acuerdo esta madrugada para prohibir las explotaciones mineras en la comarca de esa etnia indígena y que también condiciona los proyectos hidroeléctricos en la región.
Panamá: acuerdan prohibir minería
Un grupo de indígenas apostados en un campamento frente a la Asamblea Nacional de Panamá leen copias de la ley que regula las comarcas.
Ciudad de Panamá. El Gobierno de Panamá y los Ngöbe Buglé alcanzaron un acuerdo esta madrugada para prohibir las explotaciones mineras en la comarca de esa etnia indígena y que también condiciona los proyectos hidroeléctricos en la región.
El presidente de la coordinadora indígena, Rogelio Montezuma, declaró hoy que el acuerdo, alcanzado al filo de la medianoche, pone fin al diálogo entablado a comienzos de febrero tras unas protestas de los Ngöbe Buglé que dejaron dos muertos y decenas de heridos, incluidos varios policías.
"Lo importante ahora es que el Gobierno cumpla su palabra y la ley sea sancionada", dijo Montezuma en referencia a la norma que regula las actividades mineras e hidroeléctricas, foco recurrente de disturbios en la comarca indígena desde hace más de un año.
El compromiso establece la cancelación de las concesiones mineras en la comarca Ngöbe Buglé y obliga a que los proyectos hidroeléctricos cuenten con el respaldo de las autoridades de esa etnia indígena, según el comunicado emitido por las partes.
"Se ha logrado que (...) se cancelen todas las concesiones otorgadas y vigentes a empresas nacionales y extranjeras para la exploración y explotación de los recursos minerales en la comarca Ngöbe Buglé y áreas anexas (...) y que el Gobierno aceptara derogar la ley por la cual se creaba la Corporación de Desarrollo Minero de Cerro Colorado", dedicada al cobre, dijo el negociador indígena.
"Nos preocupaba que mientras cancelaban concesiones, siguiera vigente esta ley", agregó el líder negociador, que participó en el diálogo con la mediación de la Iglesia católica y la ONU.
Respecto a las hidroeléctricas, "el pueblo es el que va a decidir a un futuro el desarrollo de los proyectos, y ponemos una serie de condicionamientos, porque se trataba de imponer de manera inconsulta lo que se quería desarrollar" en la comarca indígena, agregó.
Ahora, si se quiere hacer un desarrollo hidroeléctrico, es el pleno del Congreso General Ngöbe Bluglé el que debe aprobarlo y "posteriormente llevar a cabo un referéndum (dentro de la comarca indígena) para que la poblaciones involucradas tomen la decisión de si se hace el proyecto o no se hace", aseguró Montezuma.
Sobre el proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco, en la provincia occidental de Chiriquí, uno de los asuntos más controvertidos, se acordó que una comisión técnica integrada por todas las partes revise su estudio de impacto ambiental, para luego efectuar un peritaje sobre los puntos en controversia, según el comunicado conjunto.
Aunque no se decide su suspensión inmediata, como pedían los indígenas, en caso de que se determine que hay un impacto ambiental negativo, "la finalidad es suspender el proyecto", dijo Montezuma.
Igualmente, agregó, se acordó verificar otros proyectos hidroeléctricos como Tabasará, también en Chiriquí, y Chan 75, en la vecina provincia de Bocas del Toro, fronteriza con Costa Rica.
Montezuma destacó que el acuerdo establece más beneficios económicos para los Ngöbe Buglé a raíz de esta negociación.
El proyecto de ley establece que el 5 por ciento de la facturación anual de "todo emprendimiento hidroeléctrico que se desarrolle" deberá revertir en la comunidad Ngöbe Buglé, y que el 25 por ciento del personal que se contrate debe ser de la comarca.
Otro acuerdo importante, dijo, es instalar una mesa nacional que elabore un Plan Estratégico de Desarrollo de la Comarca, con la participación de las coordinadoras indígenas, el Gobierno, la Iglesia católica y con la asistencia técnica de la ONU.
Explicó que el próximo lunes el proyecto de ley minera se presentará a la Comisión de Comercio de la Asamblea, de modo que el martes pueda ser sometido al primero de los tres debates legislativos necesarios.
"Esperamos no tener que esperar muchos días más" para su aprobación, agregó.
Respecto a las protestas y cortes de carreteras que han seguido protagonizando intermitentemente los indígenas en algunos puntos del país, el dirigente dijo que han pedido su suspensión, pero admitió que hay grupos indígenas disconformes que puedan mantenerlos, de lo que ellos no se hacen responsables.

Regalías mineras: El convenio que no convence

Reportaje
Guatemala
Alejandra Gutiérrez Valdizán
Después de haber afirmado en campaña electoral que se debía exigir a la industria minera un 40 por ciento por la explotación de bienes estatales, el presidente Otto Pérez Molina firmó un acuerdo de “regalías voluntarias” con las empresas extractivas. A doce días de la toma de posesión, en un afán por firmar el acuerdo, el gobierno ignoró al complejo entramado social, ambiental y económico que interviene en la actividad. Este ejercicio de “buena voluntad” entre empresas mineras y gobierno, una veinteava parte menor de lo que Pérez pedía, vierte pólvora sobre viejos, pero muy vivos conflictos.

 

Este pacto de confianza entre el Gobierno y las mineras fue tan veloz –o tan bien negociado durante la campaña- que no alcanzó a ser incluido dentro de las propuestas para la reforma fiscal, que se difundió siete días después.
Marroquín, de la Gremiext, desvirtúa el alboroto generado alrededor del tema ambiental. Asegura que hasta ahora no hay estudios técnicos y científicos que prueben, por ejemplo, la contaminación del agua por metales. “Guatemala es un país volcánico, rico en hierro, ¿cómo vamos a pretender que sus ríos no estén cargados de metales?”.
La clave de este negocio es ir a lo profundo, extraer de la tierra minerales y comercializarlos. Parece simple, pero no lo es. Porque en la industria minera se utilizan bienes estatales (los minerales del subsuelo), se potencian riesgos ambientales y, ante todo, revientan conflictos sociales por el territorio. Pero, por otro lado, las empresas extractivas tienen la capacidad de generar jugosas ganancias y, en algunos casos, ingresos positivos para un país.
Es decir, en el escenario están los protectores del ambiente y de derechos humanos, que consideran a la minería como una de las más nefastas estrategias para alcanzar el desarrollo; en otro punto se encuentran las industrias mineras que creen que la riqueza en el subsuelo debe aprovecharse en vez de dejarla reposar y, como cualquier empresa, tener márgenes de ganancia que hagan rentable la actividad. Algunos actores proponen la explotación minera como uno de los bastiones del desarrollo –sin obstáculos burocráticos o ambientales-, por otros consideran que se puede promover la minería, bajo estrictos controles ambientales y rigurosas cargas impositivas. Y en un rincón olvidado están las comunidades a las que se les instala una industria que afecta su ambiente en plena vecindad. En fin, todos los ingredientes para provocar un caldo de conflictos. En un mundo feliz sería el Estado, el gobierno, quien se instituiría como mediador entre tantos intereses encontrados. Pero no lo es.
En la firma del convenio, Pérez Molina expresó: “el diálogo franco y sincero entre el Ejecutivo y el sector privado permitió alcanzar el acuerdo”. Mientras que Andrés Castillo, presidente de la Cámara de la Industria, consideró que la firma “permite concretar una alianza y confianza del sector privado con el nuevo gobierno”. Este compromiso que “permitirá que las regalías generadas por la actividad minera de metales no preciosos se incremente del 1 al 3 por ciento, mientras que la de metales (oro y plata), se incrementen al 4 por ciento” –Montana Exploradora se compromete a un cinco por ciento por ventas brutas- fue avalado por el Ministro de Energía y Minas (MEM), Érick Archila; y como testigos de honor los Ministros de Finanzas, Pavel Centeno, y de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Roxana Sobenes.
Además, el convenio establece una cláusula, que indica que “se desactiva el porcentaje de regalías cuando los metales básicos y preciosos que se indican en el presente convenio alcancen los precios de: níquel, $6.50 por libra; plomo, $0.75 por libra; y zinc $0.75 por libra. La plata, $16.00; y el oro a $975". La redacción del acuerdo no aclara si se refiere a que pagarán si el precio supera las cifras establecidas; o cumplirán el acuerdo si los precios se mantienen por debajo de éstas. En el 2011 el oro alcanzó un máximo histórico de US$1,923 la onza; y el pronóstico de 2012 es que incluso podría llegar a US$2000.Lo que implicaría que si el pacto fuera pagar cuando los precios son menores a los determinados, el pago de regalías, en determinados materiales, quedará en la misma cifra –el uno por ciento-. Tampoco hace referencia a productos mineros no metálicos, como los materiales de construcción.
Este pacto de confianza fue tan veloz –o tan bien negociado durante la campaña- que no alcanzó a ser incluido dentro de las propuestas para la reforma fiscal, que se difundió siete días después. En varias ocasiones sectores de la sociedad habían presentado propuestas para promover cambios y aumentos en las regalías, además de más rigurosos controles para el ambiente; pero el sorpresivo pacto las excluyó.
Fue tan expedita la puesta en común, entre Gobierno y la Gremial de Industrias Extractivas (Gremiext), que por ejemplo al arzobispado de Guatemala llegó una invitación para asistir al evento, pero que no precisaba de qué se trataba. Sin saberlo, Nery Rodenas, director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (OHAG), apareció entre los testigos de honor, como representante del grupo G4, junto al Procurador de Derechos Humanos, Sergio Morales y Jorge Morales, de Alianza Evangélica. Pese a esto, Rodenas es enfático. “Nuestra posición es que estamos en total desacuerdo, primero que todo exigimos un respeto a la dignidad como país, ese tipo de regalías son ínfimas para los beneficios que obtienen las compañías mineras, creo que no es digno dar cantidades tan cortas, comparado al daño que se está haciendo al país”. Rodenas afirma que su participación como testigo no implica avalar el acuerdo. “Minutos antes me enteré de qué se trataba, ni pensaba que me iban a pasar al frente” y reitera que la Conferencia Episcopal se ha manifestado en los temas mineras, y no ha sido precisamente para ratificar las acciones de esta industria.
Pese a que el aumento del pago de regalías multiplica hasta por cinco, en determinados rubros –el de metales preciosos-, lo que se pagaba anteriormente, para algunos expertos en temas fiscales y para grupos ambientalistas, la apresurada negociación despierta suspicacias y genera más desconfianzas que las que ha provocado histórica y mundialmente el tema minero.
Ricardo Barrientos, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y ex ministro de Finanzas, en una columna escribió que “si el impulso de la reforma tributaria es el gran acierto, el acuerdo “voluntario” entre la minera y el gobierno es el gran desacierto. Artero y espurio, negociando fondos públicos en la más descarada e insolente opacidad, es ya un verdadero escupitajo al rostro de Guatemala”.
En el mismo sentido la ambientalista Magalí Rey Rosa, de la Escuela de Pensamiento Ecologista SAVIA, opina que hay varios elementos que “nos deberían levantar suspicacia, éste no es un acuerdo inocente”. Rey Rosa advierte de una seria inconformidad en las comunidades colindantes con minas por el impacto ambiental que podrían provocar nuevas explotaciones mineras.
En el mismo sentido, Yuri Melini, la antropóloga Irma Alicia Velásquez, e incluso ex funcionarios, como Luis Ferraté, insisten en calificar estos conflictos como profundos y alarmantes. El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCLA) registra 155 conflictos sociales provocados por proyectos mineros en Latinoamérica, reconoce cuatro para Guatemala, aunque investigadores sociales declaran que son más, pero no mencionan cuáles.
TRATADOS UNDERGROUND
Para Ricardo Barrientos, el acuerdo firmado entre gobierno y empresas viene a revelar lo que ya se analizaba desde la conformación del gabinete, donde se definen los pulsos políticos que ponen en tensión al Ejecutivo. “Hay que entender que estamos ante un fenómeno político, estamos viendo el grado de diferenciación entre las visiones y posiciones políticas de los miembros del gabinete de Otto Pérez Molina; dos estilos de gestión”. Barrientos considera que por un lado, están las visiones más progresistas como Pavel Centeno del Ministerio de Finanzas o Fernando Carrera de Segeplan, que impulsaron la ley de Actualización Tributaria y, por otro, “una visión distinta, más en la línea del ministro Érick Archila (del MEM), un sector pro empresarial”.
El analista asegura que ambos temas, la reforma fiscal y el acuerdo minero, no son el resultado de procesos inmediatos o que tengan corta vida. “Yo por lo menos tengo conocimiento que el tema tributario se vino discutiendo en el equipo de gobierno desde la segunda vuelta”; y aunque afirma no estar informado sobre posibles charlas previas entre la Gremiext y el Gobierno, sí la considera “una negociación opaca y de espaldas a la población”. “Se puede inferir que no es de un par de días. La pregunta es: ¿Con qué legitimidad y solvencia, con qué nivel de responsabilidad es que se condujeron estas negociaciones por recursos públicos?”.
Mario Marroquín, el presidente de la Gremial de Industrias Extractivas de Guatemala (Gremiext) y director de Goldcorp, responde contundente: “Esta negociación lleva ocho años, el tema de las regalías no es un asunto nuevo”. Marroquín afirma que desde el gobierno de Óscar Berger había una comisión de alto nivel en donde se gestó una recomendación específica del “uno por ciento para no metálicos, dos porciento para materiales básicos y tres por ciento para metálicos”. Dicha recomendación fue hecha por el Ministerio de Energía y Minas y una similar por las industrias extractivas, con el agregado de que a partir de determinado precio ($950 para el oro, se pagaría un 50 por ciento más). Eran bastante diferentes de la que hiciera el Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM) y que según Sigfrido Lee y María Isabel Bonilla, en su investigación Contribución de la Industria Minera en Guatemala, fue la que tuvo más apoyo entre legisladores y sectores sociales: sugería 3 porciento a minerales metálicos básicos y 12.4 por ciento a metales preciosos).
El presidente de la Gremiext asegura que durante todo este tiempo han estado abiertos ha discutir, “incluso en esas charlas estuvo (Álvaro) Ramazzini (obispo de San Marcos y crítico de algunos proyectos)”. Marroquín asegura que la negociación oficial se realizó con el nuevo gobierno cuando éste tomó posesión. Sin embargo, evita dar detalles y afirma, al cuestionársele sobre las personas involucradas en la construcción del acuerdo, que “fue una iniciativa del Ejecutivo. No podemos expresar ni opinar sus asuntos (internos). Fue un trato como gremial con el Gobierno de Guatemala”. Al preguntarle la inconformidad de algunos sectores que no fueron tomados en cuenta, Marroquín expresa “probablemente el gobierno decidió hablar con los que van a pagar”.
Ambientalistas entrevistados y columnistas sospechan que el acuerdo voluntario podría deberse a un pago de favores electorales. Marroquín responde: “Absolutamente no”, y argumenta que es totalmente ilógico que el pago de favores implique “que me hagan pagar más impuestos. ¿Cómo es posible que se pueda dudar de la inteligencia del ciudadano común y corriente?”.
No se pudo corroborar si la propuesta del acuerdo provino del Ejecutivo, como afirma Marroquín, pues el ministro de Energía y Minas, Érick Archila, no respondió a las preguntas que le fueron trasladas a través de su equipo de comunicación.
A diferencia del gobierno pasado, en que se sabía que Luis Ferraté, ministro de Ambiente Luis Ferraté en más de una ocasión se plantó en el gabinete frente a las decisiones del entonces ministro de Energía y Minas, Carlos Meany –sin demasiado éxito, hay que decirlo-; en este gabinete se vislumbra sin oposición interna. De hecho, la firma del acuerdo incluye a ambos ministros Archila y Sobenes con sonrisas para la foto.
A Carlos Salvatierra, miembro de la Escuela de Pensamiento Ecologista SAVIA y Secretario Ejecutivo de Redmanglar Internacional, el nombramiento de Roxana Sobenes como ministra de Ambiente y Recursos Naturales le genera muchas dudas. Salvatierra asegura que cuando Sobenes fue viceministra en el gobierno de Óscar Berger, fue la persona que dio instrucciones para que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Fénix de la Compañía Guatemalteca de Níquel fuera fraccionado en dos partes.
Según Salvatierra, en una parte se consideró solamente el proceso de extracción en la mina, y la segunda contempló la planta de procesamiento y el transporte del producto. “Este hecho fue criticado en su momento debido a que los EIAs deben ser documentos que reflejen la integridad del proceso y no es conveniente que sean segmentados. Además, Sobenes es miembro de la junta directiva de la organización FUNDASELVA, que en su momento servía como la imagen verde de la petrolera antecesora de Perenco”, afirma el ambientalista.
Para Salvatierra, una de las acciones de Sobenes que causan más suspicacia es su participación como consultora independiente del equipo que elaboró la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto Porvenir Central de la empresa Tikal Minerals.
Sobre la firma del acuerdo de regalías, Salvatierra se muestra preocupado ante la señal de que ésta sea el banderazo de salida para para muchas concesiones más que podría hacer el gobierno a empresas que pudiesen trabajar sin armonía con el medio ambiente.
El proceso para adjudicar determinados impuestos, regalías, regulaciones a las industrias mineras toma tiempo y discusiones serias. Hay países con una tradición minera de décadas y aún existe una permanente disputa sobre la idoneidad de los sistemas de fiscalización. ¿Era viable plantear una propuesta tan acelerada? ¿Es justo este acuerdo voluntario?
¿A cómo la regalía?
Para la implementación de impuestos y regalías mineras no hay una receta. Cada país establece diversos tipos de impuestos o de exenciones, de acuerdo al modelo económico que decida seguir. Quizás ese es el gran punto de partida: ¿cuál es el modelo que Guatemala quiere seguir? Muchos debates y diálogos sobre el tema, pero hasta el momento, nulo acuerdo entre las partes.
La ley de Minería 48-97 vigente, instaurada en 1997 bajo el gobierno de Álvaro Arzú, pretende promover como modelo económico y como bastión de desarrollo a las industrias extractivas. En sus considerandos cita que la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 125, “declara que es de utilidad y necesidad pública la explotación técnica y racional de hidrocarburos, minerales y demás recursos naturales no renovales, debiendo el Estado propiciar las condiciones necesarias para su exploración y explotación” y asegura en el Régimen Minero, artículo 7, que “Se declaran de utilidad y necesidad pública el fomento y desarrollo de las operaciones mineras en el país, así como su explotación técnica”.
En el reglamento, aprobado en 2001, se dispone el uno por ciento de pago de regalías. Para el cálculo y pago de las regalías “el Ministerio determinará anualmente los valores de cotización que han de regir para los productos mineros comercializados en el mercado interno”. Para definir los valores sobre los que se calculará el pago de regalía, según el reglamento, se conforma una comisión integrada por seis miembros (tres del Ministerio de Energía y tres del sector privado). Información que no se hace demasiado pública. En los reglamentos de otros países se específica algún referente internacional o un promedio entre diversas bolsas, por ejemplo, para determinar el valor del mercado sobre el que se pagarán. En un estudio del CIEN se menciona que, de los cambios que promovió la ley en tiempos de Arzú, “sobresale mencionar que las regalías al Estado se modificaron de 6% a 1%: hasta antes de 1997 las regalías se calculaban sobre el valor del producto a boca de mina (6%); luego de la reforma, el cálculo se hace sobre el precio internacional del producto (1%)”.
Según establece el reglamento, el titular de la mina presenta ante la Dirección General de Minería una declaración jurada en donde indica “el volumen explotado” y la Dirección informa sobre los pagos que se requieren. El titular tiene la opción a oponerse y justificar los motivos. No se define si el MEM o las autoridades encargadas de determinar la cantidad a pagar, pueden realizar inspecciones para determinar la veracidad de las estimaciones; o evaluar si además del material reportado para el comercio, hay otro tipo de materiales o metales que no están siendo cuantificados.
El asunto crucial es cuánto es lo justo. Para Luis Ferraté, ex ministro de Ambiente “la mina debe dar un 20 o 30 por ciento. Esta propuesta no la acepto (la de regalías voluntarias) porque es una forma de decir ‘estamos haciendo cosas, mientras sale la ley’, y ese ‘mientras’ puede ser años, entonces no.”
Ferraté también proponía un modelo en el que las comunidades que estuvieran en territorio minero, salieran beneficiadas a través de acciones de la empresa y, consideraba también, que el Estado debería situarse como socio de la empresa. Pero, en su gestión, no logró ninguna reforma al reglamento o a la Ley.
En el mismo sentido Yuri Melini, de Centro de Acción Legal y Ambiental de Guatemala (Calas), afirma: “Si queremos redistribuir la riqueza, si se plantea la minería como un modelo para el desarrollo, si queremos hacer de nuestro territorio un queso suizo, hagámoslo justo, (pero) con regalías justas”. Melini propone cuatro estándares que deberían estar incluidos en una nueva Ley de Minería: incrementar regulaciones de protección ambiental, garantizar los espacios de participación pública ciudadana, incrementar una regalía justa comportada en los estándares internacionales, una regalía base y una de indexación (dependiendo de la fluctuación del mercado así se pagaría)
Por el contrario, Mario Marroquín considera que no ha habido una discusión seria sobre el tema minero y que en cuestión de regalías sólo hay propuestas aisladas, pero que no provienen de análisis económicos formales. Sin embargo, asegura que la propuesta del acuerdo de regalía voluntaria “alcanzamos el rango alto de regalías en América”. “Llevamos Q598 millones pagados en impuestos, contando el ISR, IUSI, timbres y las regalías”. Según Marroquín, la prensa ha contribuido a distorsionar la visión que se tiene del pago de estos impuestos pues se hacen comparaciones con otros países o con otro tipo de actividades económicas que funcionan de forma diferente.
De hecho, asegura Marroquín, la industria minera paga más impuestos que el sector turismo y forestal juntos. Probablemente lo dice en referencia a que muchos ambientalistas proponen cambiar el régimen de negocios y enfocarlos en estos dos sectores económicos. Marroquín asegura que no se toma en cuenta la primera inversión que debe realizar la industria minera para iniciar actividades extractivas y todo el proceso de exploración, “lo nuestro es de millones de dólares”. “Ha habido mucho material periodístico que carece de sustento técnico, y esto confunde”. El presidente de Gremiext considera que las cifras millonarias que implican la inversión de una industria minera genera suspicacias, pero no se analizan los gastos que éstas afrontan, además de la demora en la recuperación de la inversión a diferencia de otras actividades económicas. “Sin contar con la depreciación acelerada de nuestra maquinaria e instalaciones”.
Marroquín dive que con el nuevo acuerdo de regalías voluntarias Guatemala alcanzará el promedio máximo de impuestos de América. Pone de ejemplo a Chile, Perú y Brasil, países cuya economía se ha desarrollado, en buena medida por la industria extractiva. Marroquín dice: “estos países serán los únicos que alcancen las metas del milenio”. El presidente de la gremial está de acuerdo en generar propuestas y discusión sobre una posible reforma a la Ley de Minería, pero exige que ésta se realice sustentada técnicamente. Afirma que no hay estudios comparativos sobre los pagos de impuestos y análisis técnicos de los diversos países.
Lo que no menciona Marroquín es que en casos como el de Chile, la minería del cobre se comparte entre empresas privadas y empresas del Estado. Por ejemplo, la más grande del país en minería del cobre y la principal productora del mundo, Codelco-Chile, es una empresa estatal autónoma. O que en Brasil, la petrolera es estatal, se llama Petrobras y el año pasado llegó a ser la quinta empresa que mejor cotizaba en bolsa en el mundo.
El Instituto de Ambiente y Recursos Naturales (Iarna) de la Universidad Rafael Landívar advierte que “los denominadores comunes de las leyes de minería en América Latina son la fuerte promoción de inversiones extranjeras en el sector, alta permisibilidad para la repatriación de ganancias de las industrias mineras (lo que no es común en África y Asia) y bajas tasas de impuestos y regalías; ello combinado con normas ambiguas sobre los derechos de los pueblos indígenas, los derechos ambientales y los derechos laborales”.
A pesar de que la industria minera genera millones de dólares en el mundo, o que provoca constantes discusiones en torno a la tributación, hay poco material académico y teórico que ilustre y analice las políticas fiscales en el rubro extractivo. A pesar de que se registra sobre los conflictos generados por las minas, o los ingresos al PIB por la industria minera, pareciera que no hay una puesta en común o documentos que evalúen cuánto pagan las minas por el uso de bienes estatales.
Y es que el asunto tributario no se centra sólo en las regalías mineras. Marroquín afirma “no hay un solo país que pague 35 por ciento de regalías”. Esto se debe a que en los sistemas fiscales de cada país intervienen otro tipo de impuestos, cánones, y exenciones que afectan la cuenta final. Por ejemplo, Perú y Brasil pagan el 3 por ciento aproximado de regalías, pero pagan impuesto sobre la renta mucho más elevados. La revista América Economía los recoge: Bolivia (35%), Perú (35,3%), Brasil (36,7%) y Argentina (37%). El aumento de Guatemala, si todas las empresas pagaran el Impuesto Sobre la Renta (sin posibilidad de deducciones) alcanzaría en el caso más alto de la mina Marlin de Goldcorp el 36% (si estuviera adscrita al régimen de utilidades, sumada la regalía) o el 10% (si fuera sobre ventas).
O se ignora de las sumatorias el gasto tributario (las deducciones) que son las prerrogativas en la misma Ley de Minería de Guatemala. Aquí no se paga impuestos a la importación –para maquinaria o insumos para el funcionamiento-, ni se menciona impuestos de exportación; o se tienen deducciones del ISR por depreciación de equipo, y también por la depreciación de los bienes de producción –en el caso de las minas-.

¿Cavar o no cavar? Ahí el dilema.
Para los ambientalistas entrevistados la discusión sobre el pago de regalías va un paso adelante de un debate que debería hacerse primero: el modelo de desarrollo para Guatemala y si en este interviene la promoción de la industria extractiva.
Tanto Melini como Rey Rosa concuerdan en que el turismo y la industria forestal deberían de ser prioridades para potenciarse a nivel nacional. Y ambos han denunciado constantemente la conflictividad social que genera a partir de la instalación de minas en las comunidades.
La antropóloga Irma Alicia Velásquez escribe que la conflictividad social ha alcanzado límites alarmantes. Para Velásquez el asunto es simple: el derecho al territorio. “No es el tema de minería, es sobre el manejo de territorios, con lo que hay en subsuelo. Para mí, el tema central es la lucha por la autonomía de los pueblos”. Las comunidades se encuentran desprotegidas y los intentos de las comunidades por hacer escuchar su voz a través de las consultas comunitarias se echan en saco roto. Se han realizado más de cincuenta consultas comunitarias relacionadas con la minería y hasta el momento ninguna ha tenido algún tipo de incidencia, a pesar de que la respuesta comunal ha sido contundente en cada una de las poblaciones: negarse a la instalación de minas en sus territorios. “Las comunidades que se encuentran las áreas periféricas de las minas son las que reciben directamente los impactos ambientales negativos de la actividad minera”.
Velásquez se queja de que se ha irrespetado el acuerdo de la Organización Internacional del Trabajo número 169, del que Guatemala es signatario y en el que los Estados se comprometen a “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. Las consultas se han realizado, pero sin ningún tipo de incidencia en las decisiones para otorgar licencias de exploración o explotación.
Según el documento Perfil Ambiental de Guatemala 2008-2009, del Iarna, la función gubernamental “asociada a la acreditación, contratación y fiscalización de la actividad minera, se fundamentan en el hecho de que ha deformado su función básica. Esto es, haber dejado de arbitrar las relaciones entre los diferentes actores sociales involucrados en los conflictos mineros y haberse convertido en el primer defensor de los intereses del sector empresarial, es decir, de un segmento de los involucrados”. Guatemala ha vivido en los últimos años un aumento de la conflictividad social y ambiental en torno a proyectos mineros, afirma el Iarna, y cita los provocados en las comunidades aledañas a la Mina Marlin y a la Laguna del Tigre.
Lo que abona al descontento es que la mayor parte de las comunidades ubicadas en zonas con potencial minero se encuentran en áreas consideradas de extrema pobreza, como afirma un estudio del MEM. El Iarna define algunas de las razones del rechazo: “el desarrollo de la minería afecta sus derechos económicos, sociales y culturales, la industria controla recursos que son esenciales para su desarrollo, el marco legal es adverso para sus intereses y no perciben los beneficios de las actividades”.
El Iarna afirma que “el subsistema social se beneficia de la actividad minera. Este subsistema también absorbe los impactos ambientales causados por este tipo de actividad, entre ellos, la competencia por los servicios ambientales que el subsistema natural brinda a las comunidades y la vulnerabilidad a desastres naturales”.
A pesar de que la mitad de lo que se paga en regalías, se designa a las municipalidades en cuyo territorio se encuentre la mina; el Iarna publica que el impacto de estos aportes no es significativo y que no hay una planificación estratégica y fiscalización que promuevan que el gasto municipal sea invertido adecuadamente y en beneficio directo para sus vecinos.
En el mismo sentido, Rey Rosa asegura que hay una serie de factores que no se han estudiado, como los posibles efectos a largo plazo que podría tener la generación de sustancias nocivas liberadas con el proceso de extracción y descarte de otros materiales y que se irían filtrando en el subsuelo.
Marroquín, de la Gremiext desvirtúa el alboroto generado alrededor del tema ambiental. Asegura que hasta ahora no hay estudios técnicos y científicos que prueben, por ejemplo, la contaminación del agua por metales. “Guatemala es un país volcánico, rico en hierro, ¿cómo vamos a pretender que sus ríos no estén cargados de metales?”. El representante de la Gremiext asegura que no se ha llevado a cabo un estudio comparativo entre ríos colindantes a minas y los que no lo estén, para poder probar que la mina es la que provoca el agua con altos índices de metales.
Además, considera Marroquín, no hay actividad económica que no genere impactos ambientales y pone de ejemplo la construcción de carreteras y las remociones de tierra que éstas provocan. El asunto de la sostenibilidad, explica Marroquín, si se desea el desarrollo, es imposible. Sin embargo, no entran en la ecuación costos ambientales y sociales para el Estado, que para las empresas pasan inadvertidos. En el caso de la mina Marlin, por ejemplo, los costos estatales, si estos fueran evaluados, determinarían una pérdida para el país (ver tabla Costos de la Mina Marlin).
Ricardo Barrientos afirma que finalmente no es el tema tributario el que provoca las mayores insatisfacciones: “es un concepto muy pobre sobre la competitividad, (el que se basa en) no pagar impuestos y pagar salarios bajos; es una forma espuria de pretender ser competitivo”. El economista resalta que la competitividad debería medirse por los niveles de educación, de salud, infraestructura. “Atraer inversión con bajos impuestos no es ser competitivo. Es ser irresponsable”. Y considera que el principal aporte para competir y atraer inversiones debería ser el gasto social, la infraestructura, la seguridad ciudadana, el sector justicia. “Estos son privilegios fiscales injustificados”.
A lo profundo
Otro tipo de factores quedaron fuera de discusión en el acuerdo y también están excluidos de la Ley de Minería. No se contemplan posibles gastos ambientales y utilización de recursos como el agua, que además contemple la reglamentación del cierre de minas, el llamado pasivo minero, que regula pagos y acciones de las empresas mineras cuando dejan de operar una mina. El IARNA, por ejemplo, le da cuatro años más de vida a la mina Marlin, Marroquín asegura que esto no se puede establecer con certeza. Sin embargo, el Estado no contempla lo que sucede en el territorio degradado después de la partida de las actividades extractivas.
Hasta el momento, a un mes de la toma de posesión y tres semanas de la firma de un acuerdo, con dudosas cláusulas. Sólo está claro que en relación al tema minero, hay una promesa de un aumento de aproximadamente Q600 millones para el erario público. Una firma de buena voluntad que pareciera querer soterrar, por el momento, un debate serio sobre el futuro de los bienes públicos.

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Zulena Escobedo
Siglo21/08-03-2012
La economía cambia de color

El 2012 trae  muchos cambios y eventos, uno muy esperado es la cumbre de Río+20 donde se espera se den cita los representantes de todos los países y hagan propuestas acerca de temas relacionados con la adaptación al cambio climático, la lucha contra la pobreza y la promoción del desarrollo sostenible. Pero, ¿cómo lograr un equilibrio entre la satisfacción de necesidades de una población en incremento y los recursos cada día más escasos?, los conocedores apuestan por la economía verde. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente –PNUMA- en la publicación Hacia una economía verde, expone que esta debe mejorar el bienestar del ser humano y la equidad social, a la vez que reduce significativamente los riesgos ambientales y las escaseces ecológicas. El agotamiento de los recursos es evidente, la deforestación y la contaminación de las fuentes de agua son una realidad. La propuesta tiene los puntos de vista económico y social, y argumenta, es necesaria la inversión en sectores que busquen la reducción de emisiones de carbono y el aprovechamiento sostenible de los bienes y servicios ambientales. La economía y el desarrollo sostenible no deben estar separados, sino contribuir para alcanzar los objetivos de reducir la pobreza y a la vez beneficiar el cuidado y protección de la naturaleza. Que este cambio de color en la economía traiga propuestas y una visión de inversión destinada a pensar en el futuro y no únicamente en el corto plazo.  



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Zulena Escobedo
Siglo21/09-02-2012
Minería: ¿sinónimo de conflicto social y deterioro ambiental?


Protestas, enfrentamientos, problemas de salud y daños ambientales irreparables son algunos hechos que encabezan titulares relacionados con el tema de la minería. En Guatemala, como en el resto de América Latina la minería despierta sentimientos encontrados, los que están a favor y consideran es una actividad que lleva desarrollo y oportunidades a los pueblos y los que viven cerca de territorios a los que ven morir poco a poco y donde la promesa de educación, salud y trabajo nunca se cumplió o se cumplió a medias.  Además del deterioro ambiental, que es innegable que sucede, la debilidad en la legislación al respecto hace ver que es necesaria una revisión para evitar  conflictos sociales mayores. Son notorios los problemas en Chile, Perú y hace unos días en Panamá donde las protestas y desalojos han sido violentos provocando muertes de personas que defienden lo que consideran es de todos, la naturaleza. Con los avances en la ciencia y la tecnología, el ser humano no es capaz de lograr que la naturaleza se regenere al ritmo de destrucción actual. Al observar sitios donde se lleva a cabo la minería a cielo abierto hace pensar que aunque se tenga la mejor tecnología para extracción no se logra reducir el impacto ambiental y la riqueza natural de los países se devuelva a mediano plazo. ¿Puede la minería establecer un balance entre beneficios económicos, sociales y ambientales o seguirá siendo un sinónimo de conflicto social y deterioro ambiental para las comunidades?



 



Se ultima en todo el mundo la sexta 'Hora del Planeta'

La ONG WWF anima a todos los ciudadanos a apuntarse a La hora del Planeta, apagando la luz y compartiendo los compromisos con amigos y familiares en las redes sociales.

nuevatribuna.es | |Actualizado 08 Marzo 2012 - 13:10 h.


Cientos de millones de ciudadanos de todo el mundo, empresas, ayuntamientos, gobierno y centros educativos y universidades se unirán el próximo 31 de marzo en la sexta edición de la iniciativa de WWF 'La hora del planeta', la mayor campaña de sensibilización organizada a nivel mundial para luchar contra el cambio climático.

Según WWF este año el gran reto global será la lucha por la conservación del planeta, para lo que cada ciudadano demostrará con el pequeño gesto de apagar la luz durante una hora, entre las 20.30 y las 21.30 horas la importancia de sumar esfuerzos.

En ediciones anteriores, la campaña alcanzó una participación mundial "sin precedentes" en la que colaboraron más de 35.000 empresas de todo el mundo, 500 de ellas en España. En este sentido, WWF anima también a estas compañías a reducir su volumen de emisiones de CO2 adoptando medidas de eficiencia energética y señala que este año los colaboradores de 'La hora del planeta' en España serán Coca-Cola, Prisa, Inditex, Ambilamp y Cemusa.

Por su parte, Vodafone enviará un millón de mensajes a sus clientes y apagará su luminoso de la Gran Vía, igual que Scheppes. Además, Pull&Bear venderá la camiseta de la campaña online y en todas sus tiendas. El Corte Inglés, Bankia, Eroski, Bankinter, Nokia, Banco Santander, el Grupo Sigla, Basi, Miele, Reale Seguros y El Hotel Gran Bahía Duque forman parte también de las empresas que cada día se están sumando a la iniciativa y han anunciado que apagarán los luminosos de sus edificios y difundirán 'La hora del Planeta' entre empleados y clientes a través de las redes sociales.

En cuanto a las ciudades, WWF se ha dirigido a 500 ciudades y, de momento, ya han confirmado su apoyo una veintena de ellas, que apagarán las luces de sus monumentos y edificios más emblemáticos.

Asimismo, este año pedirá a los Ayuntamientos que se comprometan y asuman medidas para ganar en eficiencia energética. Entre ellas, incorporar criterios de eficiencia energética en la compra pública de los Ayuntamientos, cambiar las bombillas convencionales por otras más eficientes y sustituir las de vapor de mercurio de las luminarias públicas por lámparas de sodio de alta presión o lámparas LED.

Igualmente, aconseja cambiar los monitores de ordenador, impresoras y equipos multifuncionales por otros más eficientes. En cuanto a los centros educativos, WWF invita a los colegios e institutos a sumarse a La hora del planeta a través de su embajador internacional Pocoyó y les propone una serie de retos a realizar en función de las distintas franjas de edad.



Acabar con la pobreza sin presionar más el medio ambiente

'Un espacio seguro y justo para la humanidad: ¿podemos vivir dentro del donut?'.

nuevatribuna.es | |Actualizado 22 Febrero 2012 - 19:05 h.


La organización Oxfam, Intermón Oxfam en España, ha hecho público el informe 'Un espacio seguro y justo para la humanidad: ¿podemos vivir dentro del donut?' donde sostiene que para erradicar la pobreza no es necesario aumentar la presión sobre los recursos naturales del planeta con el objetivo de contribuir al debate público de cara a la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20) que tendrá lugar en Río de Janeiro (Brasil).

En este sentido, la autora del texto, Kate Raworth, defiende que es necesario hacer frente a la pobreza y la degradación medioambiental de forma conjunta, ya que los principales límites funcionales - los límites sociales (como el hambre, la desigualdad y la falta de salud) y los límites planetarios o medioambientales (como el cambio climático o la perdida de la biodiversidad) - "están intrínsecamente unidos".

Raworth defiende que "desde una perspectiva general es posible acabar con la pobreza relacionada con la falta de alimentos, energía e ingresos sin causar prácticamente ningún impacto en los límites planetarios". Así, "cualquier planteamiento sobre el desarrollo sostenible debe tener en cuenta que erradicar la pobreza y la injusticia social está estrechamente ligado a la estabilidad y renovación ecológica", ha explicado.

El informe señala que el objetivo del crecimiento económico debe ser llevar a la humanidad a este espacio seguro y justo -el 'donut'-, erradicando la pobreza y utilizando los limitados recursos naturales de manera sostenible.

De este modo, afirma que para acabar con la pobreza no es necesario aumentar la presión sobre los recursos naturales y destaca que en materia alimenticia, proporcionar el aporte calórico adicional que necesita el 13 por ciento de la población mundial que padece hambre sólo requeriría el 1 por ciento de la producción mundial actual de alimentos.

Por otra parte, señala que sería posible llevar electricidad al 19 por ciento de la población mundial que actualmente carece de ella con un aumento de las emisiones mundiales de CO2 inferior al 1 por ciento y que acabar con la pobreza de ingresos del 21 por ciento de la población mundial que vive con menos de 1,25 dólares al día requeriría sólo el 0,2 por ciento de los ingresos mundiales, según informa Intermón Oxfam.

Asimismo, el informe subraya que la principal presión sobre los límites planetarios la ejerce el consumo excesivo de recursos del aproximadamente 10 por ciento más rico de la población mundial a la que se suma una clase media cada vez más amplia que aspira a emular el insostenible estilo de vida de quienes tienen mayores ingresos.

Este informe de reflexión ha sido publicado en el marco de la campaña CRECE de Oxfam, cuyo objetivo es crear un futuro mejor, garantizando la seguridad alimentaria y la prosperidad para todo el mundo en un planeta con recursos limitados.


http://cgnnoticiasdeguatemala.wordpress.com/

EL ACEITE RECICLADO SE UTILIZA PARA FABRICAR BIODIESEL, UNA ALTERNATIVA PERFECTA Y ECOLÓGICA A LOS COMBUSTIBLES FÓSILES. ADEMÁS ESTE SISTEMA DE RECICLAJE CONTRIBUYE A MINIMIZAR EL VERTIDO A LAS AGUAS LIMPIAS DE ACEITE DOMÉSTICO, UNO DE LOS PRODUCTOS MÁS CONTAMINANTES Y PERJUDICIALES PARA EL MEDIO AMBIENTE.
Una empresa española ha puesto en marcha una iniciativa pionera en el reciclaje de aceite doméstico usado, a través de contenedores inteligentes dotados con los servicios M2M (Machine to Machine), siendo la primera iniciativa a nivel nacional que sistematiza, de una forma sencilla y cómoda para el usuario, la recolección de aceite doméstico, utilizando contenedores inteligentes dotados con los servicios M2M de Telefónica

PRIMERO EN ESPAÑA, LUEGO EN GUATEMALA


Los colectores urbanos estarían ubicados muy cerca de los hogares.
Se trata de una solución única en el mundo que sistematiza la recogida de este tipo de residuos, que ha arrancado en España con la implantación de los primeros 250 contenedores, con el objetivo de llegar en tres años a todas las poblaciones españolas de más de 50 mil habitantes y extender el procedimiento en un futuro a otros países europeos.
Este proyecto se espera que sea implementado en Guatemala en los primeros meses de 2012 por medio de la empresa Telefónica.
Biouniversal, la empresa española que desarrolla los colectores, entregará gratuitamente en sus hogares, a las personas que lo soliciten, un pequeño recipiente y un juego de cinco bolsas de dos litros de capacidad, para que el usuario vaya acumulando el aceite usado en estas bolsas, que luego depositará en uno de los contenedores especiales ubicados a una distancia máxima de 400 metros, de modo que siempre encontrarán un contenedor cercano a su vivienda. El contenedor tiene una capacidad de 450 litros y una vez se ha completado, un camión cisterna, especialmente diseñado para tal fin, succiona el aceite de un modo silencioso en tan sólo 3 minutos. Este cómodo procedimiento impulsa y facilita el reciclaje, contribuyendo a minimizar el vertido a las aguas limpias de aceite doméstico, uno de los productos más contaminantes y perjudiciales para el medio ambiente.

TECNOLOGÍA M2M PARA EL PROCESO DE RECICLAJE

Para que esta solución sea viable ha sido decisiva la colaboración de Telefónica que ha dotado a los contenedores con servicios M2M, imprescindibles para la óptima gestión de este sistema, ya que el proceso de recogida de aceite es más complejo que el de otros desechos domésticos habituales y requiere de unas características tecnológicas especiales para su conservación y gestión.
Estos contenedores inteligentes, a través de una tarjeta SIM, envían una señal vía SMS al centro de control con el código identificativo y todos los datos del contenedor, para informar y dar un seguimiento preciso, evitando que tenga que desplazarse una persona cada poco tiempo para comprobar su estado.
Los servicios M2M de Telefónica aportan información del volumen de llenado del recipiente, e incluso disponen de un sistema de alertas de seguridad que avisa ante cualquier situación inesperada como avería del contenedor, robo, volcado etc.

LOS SERVICIOS M2M
Los servicios M2M de Telefónica se basan en el intercambio de información entre dos máquinas, a través de red móvil o fija, sin intervención humana, y permiten tanto automatizar como informatizar los procesos, reduciendo costes y haciéndolos mucho más eficientes.
Las soluciones de comunicación “Máquina a Máquina” permiten, por ejemplo, la lectura de contadores de la luz o el agua o el control del ritmo cardíaco de un paciente, todo a distancia y sin intervención humana. La implantación de este tipo de soluciones posibilita el desarrollo de nuevos servicios de valor añadido y optimiza los costes de procesos industriales ya existentes, por ello se estima que el crecimiento del número de dispositivos conectados se multiplique entre cinco y diez en los próximos años.

¿QUÉ SUPONE EL RECICLAJE DE ACEITE DOMÉSTICO?
Actualmente en España se consumen 1.100 millones de litros de aceite en los hogares, que producen al año 230 millones de litros de un bioresiduo que contamina masivamente nuestras aguas limpias.


Un litro de aceite doméstico, contamina mil litros de agua (Foto: eljunquito.com)

Un litro de aceite usado contamina mil litros de agua, por lo que es uno de los productos más contaminantes y perjudiciales para el medio ambiente. Y no sólo eso, sino que atasca los colectores, es caldo de cultivo para la multiplicación de gérmenes nocivos y tiene un coste estimado para la economía de los ciudadanos de 750 millones de euros en gastos de limpieza, sin contar con el gasto de su eliminación en las depuradoras municipales. Estos datos ponen de manifiesto la importancia para nuestra sociedad y para el Medio Ambiente de evitar el vertido incontrolado de aceite doméstico y reciclarlo.
Por otro lado, además de evitar la contaminación, reciclando el aceite, se consigue un aprovechamiento óptimo de los bioresiduos, que se convierten a través de un proceso industrial, en una excelente materia prima esencial en la producción de biocombustibles de última generación, sin descartar otras utilidades energéticas que se les puede dar como la producción de electricidad, o usos farmacéuticos y cosméticos.





LA CAMPAÑA “ALTO AL HAMBRE: PROVOCA UN CAMBIO”, MOVILIZARÁ A MILES DE ADOLESCENTES Y JÓVENES PARA DENUNCIAR Y ABOGAR POR EL DERECHO DE TODA PERSONA A NO PADECER HAMBRE




La campaña de la organización no gubernamental Visión Mundial se desarrollará durante los meses de febrero a marzo, tiempo en el que adolescentes y jóvenes realizarán acciones de movilización a favor de la niñez que padece hambre, tales como: conciertos, marchas, eventos culturales, charlas, teatro, juegos, etc.


HARÁN UN AYUNO ESPECIAL
Además durante un tiempo de 24 horas, renunciarán de manera voluntaria a la ingesta de alimentos y comodidades como televisión, música, dispositivos móviles o gustos personales como una forma de solidarizarse y expresar su lucha contra el hambre, llamando así la atención de otros jóvenes y de la sociedad en general sobre la situación de hambre que afecta a las poblaciones más vulnerables en América Latina y el Cuerno de África.
Los jóvenes además recaudarán fondos para proyectos concretos relacionados con el hambre y la desnutrición en la región y para el caso de Guatemala en un departamento del Corredor Seco.


Del 23 al 25 de marzo, miles de adolescentes y jóvenes abogarán porque una cuarta parte de los niños menores de 5 años de los países en vías de desarrollo, que siguen siendo insuficientemente alimentados, según datos de Naciones Unidas, tengan derecho a la alimentación.
Muchas Universidades privadas, Iglesias, Organizaciones de la Sociedad Civil, grupos de jóvenes, cantantes y ONGs dentro de la región, se han sumado a este esfuerzo esperando conocer a un número significativo de jóvenes listos a ser parte del cambio.
En Guatemala, Thomas Solomon, Director de Visión Mundial, realizó el lanzamiento de la Campaña “Alto al Hambre: Provoca un Cambio”, por medio de una presentación interna y la participación de representantes de bandas de música cristiana, la Asociación de Colegios Cristianos de Guatemala, Movimiento Guate sin Hambre, Asociación Fábrica de Sonrisas y otros grupos de jóvenes guatemaltecos que ya se comprometieron para asumir un cambio frente a este problema que afecta directamente a la niñez.





Compartimos este interesante artículo publicado en la revista Universidad, Administración y Sociedad órgano divulgativo del Instituto Guatemalteco de Administradores de Empresas


LAS CUENTAS VERDES DE GUATEMALA: pautas para progresar en las relaciones economía y ambiente



Juventino Gálvez[1]


La crisis ambiental nacional afecta tanto a los espacios naturales como a la vida ordinaria de los seres humanos y tiene un origen de tipo tecnológico que se deriva del modelo imperante de crecimiento económico, cuyos rasgos esenciales son de agotamiento, degradación y contaminación en la dimensión ambiental  y de desigualdad en la dimensión social. Frente a contextos como éste, y teniendo como punto focal la economía, se han planteado “arreglos” e “instrumentos” buscando un “nuevo orden” para mantener, dentro de ciertos límites, los impactos ambientales derivados de los procesos económicos.


El pretendido nuevo orden transita desde variaciones moderadas a la economía clásica donde los arreglos e instrumentos normalmente terminan  diluyéndose frente al aplastante impacto del enfoque productivista;  hasta variaciones profundas cuyos arreglos e instrumentos -socialmente aceptados e institucionalmente gestionados por medio de políticas públicas-  pretenden una subordinación de los procesos económicos a ciertos límites naturales que, al ser observados, permitirían la propia capacidad de recuperación de ésta.


En este orden de ideas y sin pretender exhaustividad se puede decir que un gradiente que va desde poca o ninguna consideración de limites naturales hasta una profunda consideración de éstos, empieza con los enfoques clásicos de la economía, pasa por la economía de recursos naturales y la economía ambiental,  hasta llegar a la economía ecológica.


Las cuentas verdes, también llamadas “cuentas ambientales y económicas integradas” o “cuentas satélites” surgen como complemento a la frialdad ambiental de las cuentas nacionales. En el marco de los planteamientos anteriores son un instrumento de la economía ambiental y en ese sentido son instrumentos de “corrección ambiental” y no de “transformación económica profunda”. No obstante, connotados investigadores como G. M. Lange economista principal del Departamento de Ambiente del Banco Mundial y J. V. Tongeren del Instituto de Investigación y Desarrollo -IVO- de la Universidad Holandesa de Tilburg, plantean que las cuentas verdes son un poderoso instrumento para países en vías de desarrollo para mejorar la “conciencia”, por un lado, acerca del verdadero aporte de la naturaleza a la economía, y por otro, de los múltiples problemas ambientales derivados de las actividades económicas.



Es decir, las cuentas verdes no sólo permiten identificar los problemas ambientales y sus tendencias sino que también establecen claras relaciones causa-efecto. Sobre esta base,  posibilitan procesos de toma de decisiones más informados y contundentes acerca de las necesarias regulaciones de los flujos recíprocos entre el ambiente y la economía.


 Las cuentas nacionales -las que suelen recurrir al Producto Interno Bruto, PIB, como indicador insignia de la economía- consideran todo lo que tiene un valor económico -lo que tiene precio- tanto si tiene implicaciones positivas como negativas para la sociedad. Así, por ejemplo, los costos laborales, los desastres, los accidentes y por supuesto los costos ambientales, contribuyen a la suma global de bienes y servicios,  por lo tanto al “crecimiento económico” incluso “al desarrollo”, como algunos economistas clásicos plantean.


 Al ser concebidas como “cuentas satélites”, la cuentas verdes, en relación a las cuentas nacionales, proporcionan elementos fundamentales que pueden conducir a transformaciones, socialmente convenientes, de las políticas económicas lo cual solo será posible con una férrea voluntad política de parte de los Gobiernos o en última instancia  a partir de las exigencias de la sociedad, interesada y motivada por un mejor presente y futuro.


 El proceso guatemalteco de construcción de las cuentas verdes es producto de un acuerdo público-académico entre el Banco de Guatemala y la Universidad Rafael Landìvar a través del IARNA y ha permitido, hasta la fecha, publicar y oficializar resultados para el periodo 2001-2006 con una actualización en marcha hasta el año 2010, cuya entrega pública se ha previsto para mediados del año 2012.


 Enfatizando en la relación reciproca entre algunos componentes del ambiente y diversas actividades económicas, destacan los siguientes hallazgos:


 BOSQUES:  destaca: (i) El aporte anual promedio de los bosques a la economía nacional es, al menos, de 2.58% del PIB, es decir, 2.7 veces más que el valor reportado en las cuentas nacionales; (ii) La depreciación de los bosques -por usos sostenibles y no sostenibles, legales e ilegales- es del orden del 0.94% del PIB, casi un 37% del aporte al PIB; (iii) Estas cifras son consistentes con las enormes dimensiones de la deforestación nacional (poco mas de 100,000 hectáreas anuales de perdida bruta para el periodo 2001-2006) y también ponen en relieve la inviabilidad del sector forestal en el largo plazo; (iv) Los hogares, principalmente para satisfacer demandas energética (67.3%) , las industrias de fabricación de muebles y manufacturas (9.4%) y el aserrado y fabricación de productos de madera (8.1%) suman casi el 85% de la utilización nacional de los productos del bosque. El resto se comparte entre el sector agropecuario y  las exportaciones.



AGUA: la utilización se refiere tanto a usos consuntivos o no, proveniente de fuentes superficiales, subterráneas o de la lluvia. Los hallazgos son: (i) La mayor utilización anual nacional corresponde a la agricultura de secano (42.27%), le siguen la agricultura bajo riego (13.41%) , las industrias manufactureras (23.28%), el suministro de electricidad, gas y agua (15.29%), el consumo de los hogares (1.97%) y otras actividades económicas (3.18%); (ii) Al analizar el uso, excluyendo el agua de lluvia y la hidroelectricidad, la mayor proporción del uso nacional del agua corresponde  al beneficiado de café (54.08%); le siguen el riego de la caña de azúcar (11.66%), el procesamiento de productos alimenticios (4.9%), el riego del cultivo del banano (3.68%), el riego de palma africana (3.34%); el uso en los hogares (2.8%) y el resto corresponde a otros cultivos y, otras industrias y servicios; (iii) El 58% del agua utilizada se toma de los ríos, el 25% de pozos y el 17% de los lagos. La mayor presión tiene lugar en las cuencas de la Vertiente del Pacífico (iv) Las actividades agropecuarias, el comercio al por mayor y menor, las industrias manufactureras, el suministro de electricidad, gas y agua y la construcción, cuyo aporte conjunto al PIB alcanza un 58.2% en promedio anual, utilizan el 95.4% del consumo nacional anual de agua.



ENERGÍA: los hallazgos son: (i) Del consumo total anual de energía, el 46.3% corresponde a los hogares -principalmente consumo de leña-, el 13% corresponde a las actividades de generación, captación y distribución de energía eléctrica -altamente dependientes de hidrocarburos-, le siguen la elaboración de productos de panadería (3.6%), el transporte (3.5%), elaboración de productos de molinería (3.3%), fabricación de cemento, cal y yeso (2.6%) y el resto corresponde a otras124 actividades económicas.




PESCA: cuyo aporte al PIB es de 2% para el año 2009, los hallazgos son: (i) Entre 90% y 98.5% de la captura anual de especies marinas -principalmente atunes y camarones- ocurre en el Pacífico; (ii) Durante 2000 y 2005 la captura en el Pacífico se redujo en un 82%, presumiblemente por el agotamiento; (iii) Los descartes o pesca incidental puede alcanzar hasta 37 toneladas por cada 100 toneladas de atún y camarón aprovechados.



OTROS HALLAZGOS GLOBALES: (i) La economía produce un total anual de 45.58 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Los hogares -por la combustión de leña- y las actividades de generación, captación y distribución de energía eléctrica, registran los mayores niveles de emisión de gases con efecto invernadero en el país; (ii) La economía también genera un total de 113.82 millones de toneladas anuales de desechos sólidos, de los cuales, poco más del 80% corresponde a las industrias manufactureras y poco más del 17% corresponde a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Los hogares producen solo 1.3% del total; (iii) El gasto publico ambiental total, promedio anual, es de un 0.6% del PIB y 3.9% del presupuesto público total. El gasto ambiental por persona es de US$11.8, mientras que en Costa Rica es de US$34.00, México US$47.00 y en Europa puede alcanzar US$ 150.00 por persona; (iv) El Producto Interno Neto ajustado ambientalmente -que resulta de restar al PIB la depreciación del capital producido y de los activos naturales- , corresponde al 94% del PIB, lo cual significa que se hace una sobreestimación del verdadero desempeño de la economía. Es decir, que el crecimiento económico se basa, en buena medida, en niveles incrementales de agotamiento, deterioro y contaminación ambiental, eventos que son evidentes en todo el territorio nacional.


 Interesantes hallazgos de las relaciones entre 130 sectores de la economía nacional y la naturaleza, están disponibles para “las cuentas” de bosque, agua, energía y emisiones, pesca y acuicultura, tierra y ecosistemas, recursos del subsuelo y residuos, así como un análisis detallado de los gastos y transacciones ambientales globales a nivel del gobierno central, los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales. Adicionalmente,  se analizan las relaciones economía y naturaleza desde el punto de vista sectorial para la agricultura, la construcción, la industria forestal, la pesca y acuacultura y el turismo.



Las cuentas verdes muestran que las industrias manufactureras en conjunto, ejercen los mayores niveles de presión ambiental. Son las principales demandantes de energía,  las principales usuarias de los bienes del subsuelo y de los productos del bosque y  son  el usuario más importante del agua -al excluir el uso del agua de lluvia en la agricultura-.


Es necesario hacer ver que las cuentas verdes ponen en evidencia, por un lado, los altos niveles de dependencia de la economía con respecto a la naturaleza y por otro, la indiferencia pública y privada con respecto a esta realidad. Vale la pena preguntarse entonces ¿qué previsiones está haciendo la economía guatemalteca para mantener sus niveles de productividad ante el inminente agotamiento y deterioro de bienes y servicios naturales? ¿En qué momento, en los círculos político-económicos, se  analizará el valor estratégico de las relaciones economía-ambiente para darles viabilidad en el largo plazo?



Los informe completos de las cuentas verdes de Guatemala, producidos por el Banco de Guatemala y URL-IARNA, están disponibles en el sitio www.infoiarna.org.gt.


Director del Instituto de Investigaciones en Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (IARNA) de la Universidad Rafael Landívar (URL). Coordinador del Proceso de Construcción de las Cuentas Verdes de Guatemala.


 
[1] Director del Instituto de Investigaciones en Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (IARNA) de la Universidad Rafael Landívar (URL). Coordinador del Proceso de Construcción de las Cuentas Verdes de Guatemala.










































En camino hacia el desarrollo de la biodiversidad

Guatemala es uno de los 19 países del mundo reconocidos por su megabiodiversidad, es decir, por reunir en su territorio una mayor riqueza biológica.
Diana Choc/elPeriódico
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EP
Foto: Walter Peña
El conap trabaja en un reglamento que se espera regulará el trato que los guatemaltecos dan a la biodiversidad.
Son19 los países reconocidos en el mundo por sus riquezas naturales. Guatemala, México, Costa Rica, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela son parte de ellos; otros 4 se ubican en África y 6 más en Asia. Todos son reconocidos como megadiversos porque concentran el 70 por ciento de la diversidad del planeta, pese a que sus territorios juntos tan solo acaparan el 10 por ciento.
Guatemala es nuevo en ese listado al igual que Japón. La Organización de las Naciones Unidas los integró en octubre pasado, y ahora esperan que el Fondo Mundial para el Medio Ambiente los apoye como al resto de integrantes a conservar y proteger la biodiversidad que habita cada lugar.
Además, quieren tener la oportunidad de participar y adoptar posturas comunes en foros internacionales, como respuesta ante las presiones de los países industrializados, índica el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Por sus características, estos países son importantes para el mundo. En el caso de Guatemala es un sitio pequeño en tamaño (108 mil 890 kilómetros cuadrados) si se compara con otros, pero su diversidad biológica los supera.
“Este es un tesoro que los guatemaltecos no reconocemos”, dice César Azurdia, coordinador del proyecto Guatemala Megadiverso a cargo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap). Cuenta con 7 sitios que controlan el medio y la vida vegetal y animal relacionada con el agua. Tiene humedales que son de importancia internacional por desempeñar diversas funciones como el control de inundaciones, y si se cuentan los lagos, lagunas, ríos y pantanos son 252.
“Aquí se puede sacar ventajas de desarrollo como lo hizo Costa Rica”, agrega. Se refiere a que el vecino país le apostó a la tecnología, la educación y a la biodiversidad para crecer en la economía, en los aspectos sociales y en el turismo.
“Ahora que pertenecemos a ese bloque debemos explotar y proteger de forma adecuada los recursos naturales que tenemos. Nuestra meta es que esta década –2011 a 2020- Guatemala logre enfrentar los golpes del cambio climático, disminuya la vulnerabilidad causada por los invasores de áreas protegidas y aporte al desarrollo humano”, señala.

Sociedad consumista

Las amenazas a la biodiversidad comienzan con los habitantes de cada ciudad. Son ellos los que contaminan los cuerpos de agua, aportan a la tala inmoderada de árboles, realizan invasiones de áreas protegidas, se benefician de la caza y utilizan los recursos no renovables para su beneficio.
Estos inconvenientes hacen que el Conap trabaje en un reglamento que se espera regulará el trato que los guatemaltecos y el mundo dan a la biodiversidad del país.









































Fondos del Agua invierten hoy para asegurar el líquido del futuro

The Nature Conservancy (TNC) impulsa en Guatemala la creación de un fondo que invierta en zona de recarga hídrica de donde procede el agua.
Carlos Rigalt C/elPeriódico 05-nov-2011
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EP
Foto: Luis Soto desde regiones remotas, alejadas de la ciudad capital, proceden los ríos que surten dellíquido vital a la urbe.
Una propuesta para invertir en proyectos que protejan los nacimientos y ríos.
Después de diez años de trabajar en países sudamericanos como Ecuador y Colombia, la organización ecologista The Nature Conservancy (TNC), impulsa en Guatemala la creación del Fondo de Conservación del Agua de la Región Metropolitana (Foncagua).
Juan Carlos Godoy, Director Ejecutivo de TNC, menciona que el propósito es organizar los recursos de los grandes usuarios del agua en la capital, para colocarlos en un mecanismo financiero que los invierta afuera de la ciudad en zonas de recarga hídrica, de donde ”procede el agua para el área”.
Explica que la mitad del agua que se utiliza en la capital es agua superficial, que llega “a través de los ríos y se toma por gravedad”. De esta manera, si los ríos de donde se extrae parte del agua capitalina la traen desde Tecpán y Zaragoza, Chimaltenango, la idea es invertir en esa misma zona en protección de bosques comunales, en manejo forestal en reservas privadas en Tecpán y en conservación de suelos y uso sostenible de agroquímicos de las comunidades en Zaragoza.

La experiencia sudamericana

A comienzos de 2000, TNC y socios estratégicos inauguraron en Ecuador el primer fondo del agua con 2 objetivos: proveer una cantidad suficiente y regular de líquido para los 2 millones de habitantes de la capital, Quito, y darle un financiamiento sostenible a las áreas protegidas que proveían de agua a la ciudad.
La idea había sido concebida en los noventa, cuando la población iba en aumento y demandaba cada vez más agua. El 80 por ciento del recurso hídrico que utilizaban provenía de 3 áreas protegidas, las reservas ecológicas Cayambe-Coca, Antisana y el parque nacional Cotopaxi. Entre las 3 albergaban los nacimientos de 20 ríos.
En ese entonces, como sucede también en nuestro país, diferentes usuarios competían por los servicios de las reservas ecológicas. Como provisión del recurso hídrico, como tierras productivas para finqueros y campesinos y como reservas biológicas en sí. Estos intereses diversos hacían de su manejo “algo difícil de gestionar”, dice el informe Water Funds de TNC.
En 1997, TNC y la ONG Antisana diseñaron un sistema financiero de pagos por el uso del agua de las reservas. Los objetivos serían ayudar a proteger su biodiversidad y de esa forma asegurar la provisión del líquido para la ciudad. La idea fue bien acogida por la municipalidad de Quito. En 2000, el fondo tenía US$21 mil invertidos entre unos pocos socios y en 2008 llegaba a más de 250 asociados y más de US$5 millones.

Por la ruta adecuada

El Perfil Ambiental de Guatemala 2008 habla de cómo una mala gestión de los aspectos relacionados con el recurso hídrico –la fase natural, social, económica e institucional- implica, por un lado deficiencias que menoscaban el desarrollo sostenible y el bienestar del país, y por otro puede ser un indicio de que la sociedad dirige sus esfuerzos por la ruta incorrecta.
Para Juventino Gálvez, del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (IARNA) de la Universidad Rafael Landívar, uno de los socios del proyecto del Fondo del Agua, en el tema debe existir un balance entre oferta y demanda. “La capital es un territorio que demanda altas cantidades de agua, pero la oferta no solo se desconoce sino que el abastecimiento actual no obedece a una estrategia de largo plazo”.


Se acentúan problemas generados por explotación minera

Los pobladores de Huehuetenango han organizado 28 consultas comunitarias, cuyo resultado es la oposición a incrementar las actividades mineras en el área.
Redacción BIG/elPeriódico 08/oct/2011
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EP
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Aunque pobladores de Huehuetenango y San Marcos se oponen a las actividades mineras en el departamento, las autoridades gubernamentales justifican el otorgamiento de licencias.
Entidades aglutinadas en el Consejo de Pueblos de Occidente esperan que la Corte de Constitucionalidad (CC) en definitiva dicte un fallo en favor de las consultas comunitarias en torno al tema, expresa Ana Martín, vecina de la etnia mam.
Desde el 25 de julio de 2006, diversas organizaciones comenzaron un movimiento para proteger sus recursos naturales denominado “Defensa del Territorio”, e identificaron como amenazas las licencias mineras de exploración y explotación otorgadas por el Ministerio de Energía y Minas a empresas nacionales y extranjeras así como los megaproyectos e hidroeléctricas.
Colotenango, San Juan Atitlán, Todos Santos Cuchumatán, Santiago Chimaltenango y Concepción Huista, Huehuetenango, fueron los primeros en organizar consultas comunitarias. Sus pobladores aseguran que los fundamentos legales para efectuar estas actividades descansan en el Convenio 169 de la Organizacion Internacional del Trabajo OIT, la Constitución, el Código Municipal y leyes como la descentralización.
A la fecha suman 28 consultas comunitarias en Huehuetenango con una participación de 373 mil 980 pobladores, quienes han dicho no a estas actividades impulsadas desde las administraciones de Álvaro Arzú hasta la de Álvaro Colom.

Unos cuantos

El viceministro de Minería e Hidrocarburos, Ricardo
Pennington cree que la minería ofrece desarrollo y que ninguna otra empresa podrá sacar a las comunidades del subdesarrollo en el que se encuentran. Asegura que las consultas en rechazo a esta actividad han sido promovidas “por unos cuantos que actúan por desconocimiento o mala intención y dirigen a los pobladores de las comunidades para que se manifiesten de forma negativa”.
El funcionario informa que esa cartera ha autorizado para Huehuetenango 26 licencias de explotación de minerales y 16 de exploración, las cuales por ley tienen una vigencia de 25 años con posibilidades de una prórroga por otros 25 años.
Agrega que la minería moderna realiza actividades con las más estrictas normas de protección del medio ambiental y sus estudios de impacto ambiental son revisados por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, que vela por la protección de los recursos naturales. “Nos preocupa que las comunidades solo reciban información alejada de la verdad porque las compañías destinan fuertes cantidades de dinero para reforestación y preservación de los recursos naturales”, asegura Pennington.

Mujeres, presentes

Lolita Chávez del Movimiento Quiché enfatiza la participación de la mujer en estas acciones. “Una clara muestra del interés por mantenerse en pie de lucha se ha reflejado en el 54.9 por ciento de participación en las consultas contra un 44.1 por ciento de presencia de hombres en las votaciones a mano alzada que se han realizado en los 28 municipios donde se ejecutan estos proyectos”, dice.
Francisco Mateo Morales, de la Asamblea Departamental por la Defensa de los Recursos Naturales de Huehuetenango, asegura que el movimiento se ha fortalecido, de esa cuenta se han realizado procesos de consulta en departamentos como San Marcos, Quetzaltenango y Quiché con los cuales se ha podido llevar a cabo consultas comunitarias, que suman 58 procesos a nivel de occidente con la participación de más de un millón 500 mil guatemaltecos.
Los grupos tratan que el gobierno de Colom ponga en vigencia un reglamento creado por medio de un acuerdo gubernativo que busca “regular” las consultas y que según su análisis beneficiará a las empresas que buscan explotar los recursos naturales en el país.
Apunta que en el Consejo de Pueblos de Occidente que aglutina diversas organizaciones sociales y campesinas en defensa del territorio se ha encontrado apoyo con asesores para rechazar el reglamento, razón por la cual, incluso se han realizado bloqueos de carreteras, ocupación de edificios públicos y sobre todo se mantiene un proceso de negociación con los campesinos para evitar que termine en un estallido social. “El mensaje es claro: el territorio no se vende ni se negocia, se ha dicho no a la minería y se va a defender a toda costa”, puntualiza Mateo.
Se intentó contactar por la vía telefónica a Napoleón Rodríguez, asesor técnico de la Cooperativa de Producción Juventud Minera en la aldea El Torlón, Chiantla, pero no respondió a las llamadas. Se trata de una mina artesanal de plomo y zinc.

El proyecto, cuyo propósito es tratar la basura que llega a El Astillero, genera conflictos

Las complicaciones continúan. La Municipalidad, la población de Alotenango y los guajeros no logran ponerse de acuerdo para manejar en forma adecuada la basura.
Diana Choc/elPeriódico 17/sep/2011
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La municipalidad de Alotenango quiere darle un manejo adecuado a los desechos que se almacenan en El Astillero, un basurero ubicado a 400 metros de la carretera sobre el kilómetro 87 de la Ruta Nacional 14. Sin embargo, el descontrol de esa comuna generó un conflicto entre la empresa a la que ya se le otorgó un convenio, los pobladores y los guajeros.
El desacuerdo generado es simple. La empresa Procicla busca una nueva oportunidad de trabajo -como la que ha tenido en Portland, Oregón al tratar la basura-. Quieren que los pobladores manejen de forma correcta los desechos que llegan de Ciudad Vieja, La Antigua Guatemala, Pastores y del mismo lugar de Alotenango para reducir los niveles de contaminación. Y los guajeros, que se les permita trabajar como hasta ahora lo han hecho.
El grupo de recolectores está compuesto por 20 familias que antes que llegara Procicla vivían, comían y ganaban dinero del reciclaje. Pero entre ellos hay un grupo que quiere sacar ventaja de los recursos naturales que rodean El Astillero. Deforestan el área, toman la arena para utilizarla como negocio y evitan que la comuna limite y restrinja el uso de estos materiales.
La Municipalidad quiere que se saque energía eléctrica para que funcionen los pozos que distribuyen el agua potable del lugar. Procicla –la empresa con la que ya se firmó el convenio- ofrece que la generará si logra tomar el control de aquel basurero.
La comuna pretende normar el cobro de cada camión que llegue a tirar basura. Esto les ayudaría a elevar los ingresos municipales que no logran recaudar con el Impuesto Único Sobre Inmuebles ni el resto de cobros que hace esa institución a los pobladores, explica Víctor Palomo, representante legal de dicha empresa y fundador de la gremial de recicladores de Guatemala.
El concejal primero de la municipalidad de Alotenango, Gregorio Ajquí, dice que todo se comienza a resolver por medio de prioridades. “Es urgente tratar los desechos y poner orden al manejo de los recursos que de forma natural se obtienen de las áreas que lo rodean. También explotar los beneficios que se puedan obtener de El Astillero. La municipalidad quiere realizar el proyecto de esta planta de tratamiento que Procicla ofrece. Además mantener el trabajo de las familias de guajeros que viven de lo que recaudan”, agrega.

Lo intentan o desisten

De acuerdo con Víctor Palomo, propietario de Procicla, su intención en El Astillero es generar beneficios para la comunidad de Alotenango. Parte de eso es traer ingenieros europeos que colaboren con la colocación de la planta de tratamiento. Sin embargo, lo ha tenido que postergar. Los conflictos generados causaron problemas la semana pasada, pues asegura que se bloqueó el ingreso y se quemaron llantas en el lugar.
“Lo que debo establecer es que logramos un convenio, pero de generarse más inconvenientes buscaremos otro lugar para trabajar. La empresa quiere traer una planta de tratamiento similar a las que hemos utilizado en Portland, Oregón, Estados Unidos”, concluye.